San José. – “Sentencia de muerte”, se alertó en Costa Rica. “Estado de coma permanente”, se denunció en Honduras. “Calvario hacia la tumba”, se advirtió en Venezuela. “Ruta al cementerio”, se reprochó en Ecuador.
Aunque su jerga está marcada por repetidos signos mortales, la secuencia de citas entrecomilladas no remitió a una costumbre de fusilamientos en un paredón, de ejecuciones en una horca o de aplicar la pena capital en una silla eléctrica, con inyección letal u otras vías para acatar una sentencia de muerte impuesta a una persona por delitos políticos o penales.
Las cuatro frases jamás estarán ligadas a dramáticos contextos penales, penitenciarios o carcelarios o los desmanes por las venganzas políticas o criminales: son relatos más cercanos a la vida que a la muerte.
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Las cuatro solo expusieron escenarios puntuales y específicos que existen en los sistemas de salud pública de Costa Rica, Honduras, Cuba y Ecuador por múltiples factores que oscilaron desde la eterna —y epidémica— escasez de medicinas hasta las interminables filas de espera para que una persona sea atendida y tratada con prontitud y en el momento oportuno.
Los cuatro escenarios, no obstante, tampoco son exclusivos de esas naciones, ya que proliferaron —con igual o peor gravedad y con distintas modalidades— en el resto de América Latina y el Caribe y casi siempre por idénticos problemas en una realidad agravada por el impacto del coronavirus, que golpeó a la zona a partir de febrero de 2020.
Los análisis que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió durante y después del virus determinaron que cuando la enfermedad arribó a la región, ya las estructuras públicas sanitarias sufrían agudas y generalizadas dificultades.
Más que ser un nuevo azote sin cesar sobre los aparatos estatales de sanidad, el Covid-19 arrastró una situación hemisférica de la salud pública que ya estaba en retroceso en 2019 y en años previos, para agravarla… y no solo en Costa Rica, Honduras, Cuba y Ecuador.
En la cúspide de las dificultades con esa emergencia, Paraguay desnudó una mafia de corrupción y beneficios o ventajas que provocó escasez en el suministro de insumos y fármacos esenciales, como las vacunas, y la postergación de intervenciones quirúrgicas.
La OPS alertó en octubre de 2022 que, por efecto de la pandemia, en los países americanos cayeron las tasas de vacunación “de rutina” durante dos años para combatir otros virus y bacterias y aumentaron los riesgos de brotes de poliomielitis, sarampión y diferentes padecimientos.
El escenario acarreará muerte y discapacidad, pasará una elevada factura socioeconómica y retrasará “aún más” el desarrollo sostenible”, pronosticó la OPS.
Uno de los sectores más perjudicados es la infancia.
“Durante muchos años, América Latina y el Caribe registró una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo. Ahora presenta una de las más bajas. Es inaceptable”, afirmó el belga Laurent Duvillier, vocero para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés).
“Esta región cuenta con los conocimientos, capacidad y recursos necesarios. Para recuperar el terreno perdido y garantizar que todos los niños y niñas estén vacunados, los gobiernos y socios deben invertir en inmunización y atención de salud primaria”, dijo Duvillier a EL UNIVERSAL.
El UNICEF, que como la OPS pertenece al sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), planteó en un informe que emitió en abril anterior que, para recuperarse del retroceso y reducir el número de niños y niñas con “cero dosis” en América Latina y el Caribe, urge vacunar a los que son especialmente de hogares más pobres, indígenas y afrodescendientes.
Más de un millón 700 mil infantes nunca recibieron una vacuna, mientras que en los últimos 10 años “se produjo el mayor descenso en cobertura de vacunación infantil” y “regresando a niveles de hace casi 30 años”, destacó, al recalcar que “es prioritario financiar servicios de inmunización y atención primaria de salud”.
“Niños y niñas de hogares más pobres tienen casi tres veces más probabilidades de ser cero dosis, que aquellos de los hogares más ricos. Enfermedades prevenibles como difteria, sarampión y polio están resurgiendo”, anunció.
Con la vida en un hilo
El costarricense Franklin Fernández narró que se topó con una “sentencia de muerte” el 12 de mayo anterior al acudir a recoger unos medicamentos —Factor 8 Koate Griffolds— para sus hijos hemofílicos, de 17 y 25 años, en el Hospital México, uno de los más importantes centros públicos de salud de la seguridad social de Costa Rica.
Un empleado hospitalario se limitó a informar a Fernández que el fármaco “no está disponible”. “Pregunté: ¿para cuándo estaría disponible? Y la respuesta fue que ‘hay un atraso en la compra y no sabemos…’. Se desconoce”, recordó Fernández a EL UNIVERSAL.
“Toda la familia se encuentra en estado de pánico. Mis hijos no cuentan con el medicamento del cual dependen sus vidas. Estamos totalmente afectados emocionalmente y sin posibilidad alguna de resolver en el corto plazo esta situación”, explicó, sin ocultar su desesperación.
Fernández presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional o IV de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una institución estatal que es como un buque insignia y emblemático de la seguridad social de Costa Rica y uno de los bastiones de la estabilidad interna por más de 80 años de servicios.
“Presentamos un recurso amparo por violación al derecho de la salud en contra de la Caja, porque hay una falta de compra del medicamento conocido como Factor 8, necesario para la coagulación de los pacientes con Hemofilia A Grave”, informó Fernández.
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“Mis hijos padecen dicha condición y en vista que existe una falencia, una falta de compra por parte de la CCSS, obviamente se violenta el derecho a la salud y la vida misma de estos pacientes en vista que no existe el medicamento para poder tratar dicho padecimiento”, reclamó.
Tras su creación en 1989, la Sala IV se convirtió en el escenario de las visitas frecuentes de costarricenses y de residentes extranjeros que presentan demandas contra la CCSS por carecer de medicinas e insumos para cumplir con un tratamiento ordenado por los mismos médicos de esa dependencia gubernamental estratégica en este país.
Por cada demanda, la Caja intenta responder con un menú de argumentos, pero al final queda obligada a acatar y a atender las solicitudes ciudadanas.
Ni calidez ni calidad
La abogada hondureña Blanca Izaguirre, jerarca del (estatal) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, denunció que “la situación general del sistema de salud (de ese país) evidencia un marcado y continuo desmejoramiento en la calidad de atención y en los servicios brindados”.
En una entrevista con este periódico, Izaguirre describió que “es critica la situación que enfrentan a diario miles de pacientes que acuden en búsqueda de asistencia médica en un sistema de salud caracterizado por su estado de ‘coma’ permanente, que no permite la atención con calidez y calidad que merecen los hondureños”.
“La situación general del sistema de salud en Honduras evidencia un marcado y continuo desmejoramiento en la calidad de atención y en los servicios brindados. El desabastecimiento de medicamentos, los malos tratos, la inseguridad y la negligencia son males evidentes del debilitamiento progresivo del sistema de salud de Honduras”, agregó.
Tras indicar que “en algunos hospitales hay insuficiencia de camas para los pacientes”, señaló que “otros no cuentan con ambulancias o se encuentran en mal estado”.
El Comisionado recibió más de 900 denuncias en 2022 y 2023 por irregularidades, anomalías y otros hechos contra el sistema de salud de Honduras. En respuesta, el (estatal) Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reafirmó su compromiso con “prestaciones y servicios dignos” y “los mejores estándares de profesionalismo, calidad y calidez”.
Crisis mortales
“Porque no había asistencia en el hospital, porque no tenían un medicamento. ¡Por eso murió la mujer de mi vida! ¡Por eso murió la madre de mi hija! (…) Por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. (…) Yo ahora no tengo miedo. ¡Haz lo que tú quieras Maduro conmigo también!”.
El testimonio lo lanzó, furioso, un venezolano en un video difundido el 31 de mayo pasado por medios digitales periodísticos no estatales especializados en información sobre Venezuela. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contestó a esos y otros ataques con que las dificultades de la salud en esa nación son por culpa de las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso en 2014 y 2017 como represalia política.
La realidad mostró, sin embargo, que Ecuador, Venezuela y casi la totalidad de los demás países del área son ejemplos de carencias en salud.
Primicias, primer periódico digital ecuatoriano, reportó en 2022 que la escasez de insumos y medicinas en los centros de salud del (estatal) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se ahondó. El abastecimiento de fármacos básicos fue del 68% a diciembre de 2021, bajó a 55% en junio de 2022 y exhibió una escasez de medicinas de 45%, precisó.
Un paisaje de féretros proliferó en 2020 en calles de Ecuador con difuntos por Covid-19 y en un espectáculo en el que, pese al temor de otras pestes, fueron llevados sin prisa por la ruta al cementerio…
Solo fue otro rito en un argot de muerte, coma, calvario, tumba…