Washington.— Empezó el impeachment a Donald Trump y lo hizo con malas noticias para el presidente. Por tercera vez en la historia de Estados Unidos, un mandatario de EU se somete a juicio político para su destitución y lo hizo con la solemnidad esperada y con una sorpresa de última hora: un informe oficial que le acusa de violar la ley al retener fondos a Ucrania, hecho que le ha llevado hasta aquí.
El Senado se ha convertido, lo que dure el transcurso del proceso, en una corte judicial. A la cabeza se ha colocado el presidente del Supremo, John Roberts; en sus asientos, los 100 senadores que actuarán de jurado y que dictaminarán si Trump es culpable o no de dos delitos que pueden acarrear su expulsión de la Casa Blanca: abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Ayer todos los senadores levantaron la mano derecha y juraron, ante el pueblo estadounidense y el presidente del Supremo, que serían imparciales en el juicio político.
Una imparcialidad está en entredicho desde hace tiempo, empezando por el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, quien desde hace semanas dijo que estaba coordinando con la Casa Blanca el proceso y que afirmó que la absolución está casi garantizada. Public Citizen, una organización progresista, anunció que ha exigido una investigación sobre este hecho al Comité de Ética del Congreso por si hubiera una violación del juramento del líder conservador.
Todo quedaba listo para el inicio de un juicio del que no se sabe todavía si tendrá testigos o no.
“El juicio debería ir muy rápido porque es una completa farsa”, dijo Trump desde el Despacho Oval.
Está previsto que las sesiones sean de seis días por semana y los senadores estarán totalmente incomunicados del exterior, como para forzarlos a escuchar el caso.
Para cuatro senadores demócratas (Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Amy Klobuchar y Michael Bennet) significará la suspensión temporal de sus campañas de aspiración presidencial. La primera sesión del juicio empezará el martes, un día después de que se cumpla el tercer aniversario de la llegada de Trump al poder.
Horas antes de la instauración oficial del juicio, la Oficina de Control del Gobierno, un buró oficial e independiente, sacó un informe en el que calificó de ilegal la congelación de fondos militares a Kiev, los mismos que Trump habría usado en su intento de quid pro quo para su beneficio político y personal.
Fue el golpe final de unas últimas horas dañinas para el presidente, especialmente después que Lev Parnas, socio del abogado presidencial Rudy Giuliani e imputado por la justicia de EU, dijera en varias entrevistas que Trump “sabía exactamente” lo que estaba pasando en Ucrania y las maniobras de Giuliani para presionar a Kiev y conseguir una investigación anticorrupción contra el exvicepresidente Joe Biden y su familia.
Declaraciones y pruebas que podrían obligar a los senadores republicanos a aceptar, a regañadientes, la necesidad de escuchar testigos durante el juicio.