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Washington.- Fiscalía y defensa del caso del exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna ante la justicia de Estados Unidos solicitaron al juez de la causa, Brian Cogan, aplazar de común acuerdo y por 60 días la audiencia judicial prevista para el próximo 17 de febrero, mientras las dos partes siguen trabajando en la revisión y recolección de evidencias.
En una carta dirigida a Cogan y firmada por el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, acusación y defensa expresan las dificultades que están teniendo en la preparación del caso debido a la pandemia de coronavirus , algo que entorpece no sólo la consecución de pruebas sino también las reuniones y encuentros con el exministro mexicano y los potenciales testigos que declararían en un posible juicio.
“Las partes siguen enfrentándose a retrasos en la preparación del juicio en este caso, a la luz de la pandemia, incluidas las limitaciones en la capacidad del gobierno para reunirse con testigos encarcelados y las limitaciones en la capacidad del abogado defensor para reunirse con el acusado”, resumen en la misiva.
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En la información compartida con el juez, la fiscalía relató que el 15 de diciembre compartió más de 19 mil páginas de documentos sobre el caso con el abogado de García Luna, César de Castro, que incluían entre otras cosas historial financiero de acusado. Hasta la fecha, según el recuento oficial, ya se han entregado más de 974 mil páginas de documentos y “voluminosas” comunicaciones interceptadas.
Según la fiscalía ya ha entregado “la mayoría de evidencias en su posesión”, y se espera que en adelante la entrega de evidencias se haga en volúmenes pequeños pero constantes, a medida que vayan recibiendo la información requerida -la próxima prevista “en las próximas semanas”. Entre las pruebas que se esperan, la referida a empresas de García Luna que se ha solicitado pero todavía no han recibido.
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Ambas partes siguen trabajando para resolver sus disputas sobre materiales que la fiscalía pide mantener en secreto, una litigación que la fiscalía prevé que podría durar “varios meses”. De Castro, el abogado de oficio del exsecretario mexicano, se quejó formalmente a finales de diciembre sobre la “desventaja significativa” que significaría permitir al gobierno de Estados Unidos mantener cierta información bajo reserva alegando que es información proporcionada por testigos que “enfrentarían riesgos de seguridad graves si su cooperación con el gobierno [estadounidense] y su calidad como posibles testigos de un juicio fuera revelado”.
De Castro, en su queja, respondió que la justificación carecía de sentido porque su defendido “no es El Chapo. No representa riesgo de seguridad para testigo alguno”.
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