Bruselas.— A pesar de la diversidad de los modelos existentes, los sistemas de pensiones de los países de la Unión Europea (UE) enfrentan un reto compartido: el envejecimiento de la población y la viabilidad de las prestaciones a mediano y largo plazo.
De ahí que estén en constante revisión para tratar de anticiparse ante los cambios demográficos y socioeconómicos que enfrentan los Estados miembros. Particularmente preocupa la presión generada por el aumento de la edad media de la población, el descenso de la tasa de fertilidad, la reducción de la población en edad de trabajar y un crecimiento demográfico que no se ve compensado por la migración.
Debido a que es un tema de competencia nacional, en la UE no hay un sistema único. Cada modelo de pensión es especifico y suelen diferir en la duración, el nivel de contribución, las fuentes de financiamiento, el alcance de los destinatarios, el nivel de pagos que reciben los beneficiarios y la sostenibilidad de las arcas de donde salen los dineros, aunque en términos muy generales, los planes de pensiones públicos se dividen en cinco grandes tipos.
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El más utilizado es el plan de pensiones con prestación definida (defined benefit o DB), aplicado en Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y España. Patrocinado por la administración pública, consiste en una tasa de acumulación constante por cada año de servicio. Los beneficios se basan en ingresos revaluados promedio de por vida.
El segundo más utilizado es el sistema de puntaje, aplicado en Croacia, Chipre, Estonia, Alemania, Lituania, Rumania y Eslovaquia. Por ejemplo, en Alemania para el cálculo de la pensión interviene la totalidad de las cotizaciones, es decir, el total de puntos acumulados en la vida laboral más el valor del punto indexado, cuyo monto se fija anualmente por ley en función de los cambios en el ciclo económico. El valor de un punto a la jubilación desde 2009 es de 27.20 euros al mes.
Otro esquema es el de la aportación definida (defined contribution o DC), usado en Italia, Letonia, Polonia y Suecia. Es una fórmula basada en cuentas nacionales a la que se incorporan instrumentos financieros con la intención de reforzar la solvencia financiera del sistema de reparto a largo plazo.
Salvavidas a los que no cotizan
En Dinamarca, Irlanda, Malta y Holanda se aplica un sistema basado en dos componentes, una “tarifa plana” y el esquema de prestación definida. En tanto que el modelo de jubilación en Francia consiste en la suma de dos prestaciones: la pensión básica y una complementaria. Al margen de los planes de pensión, la gran mayoría de los Estados miembros cuentan con esquemas de protección para la población de más de 65 años que no cotizó.
Según el último informe de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea sobre pensiones y los ingresos en la vejez de los ciudadanos de la Unión, las capitales europeas ofrecen este salvavidas como cobertura universal a la vejez, asistencia social, ingreso mínimo, ayuda de solidaridad, asistencia para necesidades básicas materiales o indemnización para personas de la tercera edad.
Los Estados más generosos con las personas que no aportaron al esquema de jubilación a lo largo de la vida son Luxemburgo, con mil 453 euros mensuales (casi 27 mil pesos mexicanos); Bélgica, con mil 118 euros (20 mil 616 pesos); Dinamarca, Francia y Suecia, con más de 800 euros (14 mil 752 pesos), e Irlanda, con 662 euros (12 mil 207 pesos). En el polo opuesto están Letonia y Eslovaquia, con beneficios sociales por 64 euros mensuales (mil 180 pesos); Hungría, con 126 euros (2 mil 323 pesos); Lituania y República Checa, con 132 euros (2 mil 434 pesos, más suplemento de vivienda), y Rumania, con 137 euros (2 mil 526 pesos). Bulgaria no ofrece ningún tipo de “pensión por vejez”.
La Agencia de Estadísticas Europea estima que pese a los esquemas de protección social, 15.2 millones de personas de 65 años o más, 16.8% del total, encaran situación de pobreza o exclusión social, aunque al interior del bloque las diferencias son marcadas. Mientras que en Luxemburgo, Dinamarca y Francia entre 7% y 11% de las personas mayores de 65 años están en situación de vulnerabilidad, en Letonia, Bulgaria y Estonia el índice varía entre 45% y 51%.
También es dispar el gasto per cápita en pensiones por beneficiario. Los que más inyectan dinero gastan 10 veces más que los que menos. Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Austria y Holanda son los que más gastan por beneficiario, arriba de 20 mil euros (369 mil pesos), mientras que Bulgaria, Rumania, Lituania, Letonia y Hungría son los que menos.
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Las tendencias más recientes en materia de reforma en el tema en los países miembros se basan en la promoción de una vida laboral más larga y una jubilación más tardía, aumento de las pensiones mínimas y de supervivencia, y cambios legales en la forma como se financian los sistemas vigentes. Con la legislación actual, en la mayoría de los Estados miembros, la edad legal media de jubilación aumentará de 64-65 años en la actualidad a unos 67 años en 2070.
“Si bien los sistemas de pensiones de la UE difieren en muchos aspectos, todos tienen un desafío principal en común: encontrar formas de mantener las pensiones financieramente sostenibles a largo plazo, en un contexto de envejecimiento de la población con una proporción cada vez mayor de pensionados con respecto a la población en edad de trabajar”, señala en un análisis Marketa Pape, del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo.
Paralelamente, agrega, los Estados miembros tratan de garantizar un sistema viable, que aporte beneficios de jubilación suficientes y de protección contra la pobreza, en un contexto de gran incertidumbre salarial e inflacionaria.