Más Información
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Robert F. Kennedy Human Rights celebraron ayer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al Estado de Colombia por incumplir su deber de administrar justicia luego del asesinato del periodista Nelson Carvajal, ocurrido en 1998.
La SIP destacó que se ordena una serie de medidas de reparación, entre ellas una importante indemnización a todos los familiares y otras acciones para evitar que se repitan casos similares. El organismo resaltó que tras investigar el caso del periodista asesinado —quien fue baleado cuando salía de la Escuela Los Pinos, de la que era director y docente—, sometió la pesquisa a “la Comisión Interamericana, dándole seguimiento continuo, lo que implicó misiones de la SIP a Colombia, a Washington a la sede de la CIDH y negociaciones arduas con el gobierno, además de sinsabores con las investigaciones, los fiscales, entre otros”.
El equipo de la SIP dijo que siempre estuvo seguro “de que debíamos obtener justicia, [lo que] desembocó en esta sentencia [que] sienta un precedente importante en las Américas y nos incentiva a seguir en nuestra lucha”.
La Corte-IDH determinó, en un fallo publicado el miércoles, que el Estado colombiano es responsable por violaciones al derecho a la vida, la libertad de expresión y a la integridad personal del periodista. Gustavo Mohme, presidente de la SIP, resaltó que el trabajo de la SIP se logró gracias al aporte y acompañamiento legal y judicial de la organización Robert F. Kennedy Human Rights. Kerry Kennedy, presidenta de esa organización, subrayó que espera que la sentencia ayude a abrir “un nuevo capítulo en los países de la región sobre cómo implementar una justicia eficaz y oportuna”.
Carvajal Carvajal fue asesinado a tiros en abril de 1998 en Pitalito (Huila, suroeste) cuando salía de la escuela primaria en la que dictaba clases con rumbo a la emisora Radio Sur de RCN Radio, desde donde denunciaba casos de corrupción, lavado y situaciones del conflicto armado interno colombiano. Kennedy y Mohme añadieron en un comunicado que “esta es una decisión clave para la lucha contra la impunidad de crímenes para periodistas no sólo en Colombia, sino en toda la región”.
