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San José.— Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició ayer una visita a Nicaragua que concluirá mañana con la reiterada advertencia de que el presidente Daniel Ortega cercenó la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en la aguda crisis política, socioeconómica e institucional que estalló en abril de 2018 en ese país.
Integrada por periodistas de México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Jamaica y El Salvador, la misión abogará por la liberación de reporteros nicaragüenses presos y, si el gobierno rechaza su solicitud para visitarles en la cárcel, se acercarán a las afueras de los centros penales para solidarizarse con sus colegas. En Nicaragua “no hay libertad de prensa”, dijo Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, organización privada que aglutina a rotativos americanos.
“Simplemente hay libertad para los medios oficialistas, pero no para los medios críticos o independientes”, agregó en declaraciones en Managua.
Tras el inicio hace casi 14 meses del conflicto, en demanda de democracia y del fin del régimen de Ortega, el gobierno lanzó un asedio a los medios y a los periodistas, con decomiso de equipos de trabajo, campañas de difamación y bloqueo aduanal del ingreso de materias primas para los diarios, por lo que numerosos reporteros huyeron, recordó.
La Sociedad Interamericana de Prensa, que rendirá mañana un informe de su viaje, gestionó citas con oficialistas, opositores y otros protagonistas de la crisis y pidió al gobierno un permiso para visitar a los periodistas presos, pero no obtuvo respuesta.
El periodista mexicano Roberto Rock, columnista de EL UNIVERSAL, es miembro de la comitiva. Una delegación de la SIP estuvo en agosto de 2018 en Nicaragua, en un primer análisis del impacto de la crisis en la libertad de prensa.
Ortega fue acusado de una intensa represión policial y paramilitar para enfrentarse a los opositores, con un saldo de unos 325 muertos, según conteos independientes.
El presidente rechazó los cargos y desmintió que haya presos políticos y ataque a la libertad de expresión. Alegó que su administración sufrió un intento terrorista de golpe de Estado de la oposición en asocio con Estados Unidos y que los detenidos pretendieron romper el orden constitucional.
La crisis, que surgió por el masivo rechazo popular a una reforma a la seguridad social que el gobierno debió derogar, detonó un movimiento cívico antigubernamental que, sin éxito, exigió que Ortega y su esposa, la vicepresidenta nicaraguense, Rosario Murillo, adelantaran las elecciones presidenciales de 2021 a 2019, liberaran a los prisioneros políticos y permitieran que Nicaragua entre a su reconstrucción democrática.
En presencia de una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno concedió ayer en la madrugada arresto domiciliario a 50 presos políticos (49 hombres y una mujer) y los trasladó a sus casas. Sin visos de diálogo entre oficialistas y opositores, la crisis nicaragüense sufre un prolongado estancamiento político.
