Buenos Aires.— Sindicatos y organizaciones sociales en Argentina mantuvieron ayer su desafío al presidente Javier Milei, a pesar de las amenazas del gobierno y la declaración de que quienes participaron en la primera marcha contra las medidas económicas deberán pagar los gastos en que incurrieron las fuerzas de seguridad para resguardar su protesta.
Por medio de asambleas, paro de actividades y ollas populares, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) —gremio que agrupa a empleados estatales de toda Argentina—, marchó hasta la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, y también se concentraron en el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano (Exministerio de Desarrollo Social).
“No nos corresponde a nosotros evaluar si pasaron sólo 12 días desde que el gobierno asumió. Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados”, indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.
En la capital, los manifestantes rodearon cada uno de los puntos de encuentro desde las aceras para evitar cortar las calles e incumplir con el protocolo “antipiquetes” establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El gobierno minimizó la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales, y aseguró que apenas 470 personas participaron en las protestas en distintos sitios de la capital argentina y alrededores del conurbado bonaerense, 635 se manifestaron en ciudades de la provincia de Buenos Aires, 150 lo hicieron en la provincia de Tucumán (norte) y unos 50 en Santiago del Estero (centro). Las organizaciones critican el decreto que firmó Milei, con el que busca sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal.
Ayer mismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que los manifestantes que participaron el miércoles en la primera marcha contra el gobierno deberán pagar por los gastos del operativo de seguridad, y que se estiman en 72 mil 700 dólares (1.2 millones de pesos mexicanos). “Las calles no se toman... si se toman las calles va a haber consecuencias”, había dicho Bullrich.
Además, el gobierno denunció ante la justicia a una treintena de integrantes de organizaciones que intermedian en el reparto de planes de ayuda social por presunta defraudación al Estado y extorsión a los beneficiarios de esos fondos. Adorni dijo que se han recibido miles de llamadas a la línea telefónica que habilitó para recibir las denuncias de personas que habrían sido presionadas por miembros de esas organizaciones para participar en protestas callejeras a cambio de cobrar las ayudas.