San José.— Temerosos, tímidos y evasivos en un rincón de la capital costarricense, Raisbelys, de ocho años, y Yolfran, de siete, tienen la mirada perdida. Ella se entretiene con el pulgar derecho metido a su boca y lo chupa sin cesar. Él se oculta con su rostro contra el piso a jugar con piedras y a ratos gime algo.
Con un futuro que parece sombrío, ambos son migrantes sin documentos en Costa Rica y ya acumulan casi 23 meses sin recibir ningún tipo de educación desde que el 10 de enero de 2021 salieron de su natal Venezuela a Colombia junto a sus padres, también venezolanos, Yamileth Torres, de 34 años, y Rafael Amaiz, de 42.
Raisbelys y Yolfran ignoran que sus casos tampoco son aislados.
Ingenuos, agotados, subidos a los hombros de sus progenitores y en lanchas, autobuses o a pie, miles de niñas y niños de América, Asia y Europa viajan a México y Estados Unidos en una travesía como migrantes sin papeles saturada de peligros—enfermedades, hambre, frío, calor, selvas, montañas, ríos, mares y delincuentes—y a la que se sumó el rezago educativo, una brecha social que amenaza con castigarlos y arrinconarlos con más discriminación y retroceso.
“Ese es un problema muy grave. ¡Ellos tienen que estudiar!”, dice la madre a EL UNIVERSAL, mientras permanece en una esquina de esta capital sin desprenderse ni un instante de sus dos hijos y a la espera de decidir si viaja a México y salta a Estados Unidos o se queda en Costa Rica.
Yamileth guarda silencio unos segundos antes de admitir que Raisbelys y Yolfran pierden días vitales de educación. Al migrar los cuatro de Venezuela a Colombia con parientes y amistades ante la profunda crisis socioeconómica y política que azota a su país, la niña estaba próxima a concluir su primer grado y el niño su preescolar.
“En Colombia tampoco pudieron estudiar, porque la escuela nos pidió un permiso migratorio especial que nunca nos llegó”, relata.
Por líos de subsistencia básica, la pareja optó en septiembre pasado migrar a Estados Unidos con los dos menores y sus familiares y allegados. El grupo llegó en octubre a Costa Rica, donde vive en un pequeño dormitorio.
El 12 de ese mes, Estados Unidos y México ordenaron bloquear el flujo migratorio irregular de venezolanos y devolver a suelo mexicano a los que intenten ingresar sin visa y por vías ilícitas al lado estadounidense.
Yamileth precisa que todavía piensa en avanzar con su familia y sus acompañantes a Estados Unios y que ya consultó la opción de quedarse en Costa Rica: “Tengo cita migratoria en Costa Rica para junio de 2023 y mientras tanto, mis hijos seguirán sin estudiar”, reconoce.
Hoyo socioeconómico
La pérdida de horas, días, semanas y meses lectivos relegaría todavía más a la niñez migrante en los escalafones sociales.
Pese a que varios países de América Latina y el Caribe “permiten ahora que los niños y jóvenes se matriculen en el sistema educativo formal independientemente de su situación [migratoria], un gran número de ellos sigue sin poder ir a la escuela”, destaca un informe que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) envió a este diario.
“Esto se debe a los obstáculos que siguen existiendo, la insuficiente capacidad de absorción de las escuelas, las graves limitaciones financieras, la falta de materiales de enseñanza y aprendizaje, y las barreras relacionadas con la discriminación y la xenofobia”, advierte.
Las nuevas modalidades educativas generadas por impacto del confinamiento desde 2020 por la pandemia del coronavirus deben ser inclusivas y beneficiar a la niñez más vulnerable, como la que es refugiada y migrante que “a menudo enfrenta barreras adicionales, como la limitada conectividad a internet, la falta de acceso a computadoras, teléfonos y material educativo, y las difíciles condiciones de vida”.
“Los desafíos” para las menores en “movilidad humana” implican el riesgo de “sufrir violencia sexual y de género, explotación sexual y matrimonio/embarazo precoz” y para los menores el de “ser reclutados a la fuerza por bandas criminales y otros grupos armados”, alerta.
Con un plan de que la educación no puede esperar para las corrientes migratorias, UNICEF recuerda que los servicios educativos se han agravado por efecto del Covid-19.
La oficina regional para América Latina y el Caribe de Save the Children, institución mundial no estatal de defensa de los derechos de la niñez, calcula desde julio de 2022 que, sin compañía de persona adulta, un promedio diario de 360 niñas, niños y adolescentes de siete a 19 años se convirtió en migrante irregular en 2022 al salir de sus países hacia Estados Unidos.
El pronóstico de la organización es que unos 131 mil 400 menores latinoamericanos y caribeños engrosarán la corriente migratoria irregular en la frontera entre Estados Unidos y México de enero a diciembre de 2022.
Estados Unidos reporta que, en el límite con México, retuvo a 152 mil 57 menores sin compañía y a 2 mil 963 acompañados de octubre de 2021 a septiembre de 2022, con 146 mil 925 solos y 2 mil 108 en compañía de octubre de 2020 a septiembre de 2021.