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El director para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Marcelo Pisani, asegura que el Congreso estadounidense debe responder a la decisión de Donald Trump de poner fin al DACA protegiendo de manera definitiva a los 1.3 millones de jóvenes que han quedado en situación de vulnerabilidad.
“La terminación del programa DACA —Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— debe ser vista como una oportunidad de convertir lo que era una solución temporal en una solución permanente para la situación migratoria de estos jóvenes migrantes”, dice Marcelo Pisani a EL UNIVERSAL. “Una solución debería cubrir no sólo a los casi 800 mil beneficiarios actuales del DACA, sino a otros 500 mil que se estima cumplen o podrían cumplir con los requisitos del DACA”.
En comunicación por escrito con este diario, el directivo regional del organismo internacional con sede en Ginebra reconoce que los países tienen la libertad para decidir quién puede permanecer en su territorio y bajo qué condiciones, pero recuerda la importancia de estar en línea con estándares internacionales y siguiendo principios de protección humanitaria y el interés superior de la niñez. “La recomendación de la OIM es la implementación de políticas migratorias basadas en los derechos humanos, que sean realmente aplicables y que mantengan un equilibrio entre los intereses nacionales y los individuales”, subraya.
En el caso de Estados Unidos, subraya que “es importante considerar los potenciales impactos negativos de una deportación para estos dreamers, quienes no tuvieron parte en la decisión de migrar hacia EU, pues fueron llevados allí cuando tenían, en promedio, seis años”.
“Debido a la edad a la que migraron, su identidad, sus relaciones sociales y sus afectos se encuentran en EU. Muchos de ellos no hablan bien español ni tienen nexos con su país de origen..., ni tampoco todos son mexicanos o centroamericanos, muchos provienen de países africanos y asiáticos”.
Advierte que en caso de proceder con las deportaciones, estos jóvenes tendrán problemas para encontrar trabajo debido a los niveles de desempleo en sus países de origen y las dificultades que enfrentarán para validar sus estudios y competencias adquiridas a lo largo de su vida en suelo estadounidense. “Si se llegara a producir, el retorno de estos jóvenes debe hacerse acompañado de programas de reintegración. De lo contrario, muchos de estos migrantes tratarán de retornar a EU de manera irregular”, alerta.
Pero los impactos de una política de expulsión masiva no se limitarán a los dreamers: precisa que la sociedad estadounidense también resentirá las consecuencias. Habrá menos innovación en Estados Unidos. Recuerda que más de 40% de las 500 compañías que integraron la lista de Fortune en 2010 fueron fundadas por migrantes e hijos de migrantes, y en conjunto empleaban a 10 millones de personas a nivel planetario.
Los índices de consumo caerán. Haciendo referencia al Center for American Progress, estima que los inmigrantes aportaron al PIB del país 2 billones de dólares en 2017.
Igualmente la seguridad social perderá un importante grupo de contribuyentes. Señala que las personas que se encuentran en situación irregular pagaron al sistema social y de salud de EU 35.1 mil millones de dólares más de lo que obtuvieron en retorno entre 2000 y 2011.
En materia laboral, desaparecerán empleos en lugar de generarse nuevos. Indica que una reforma legislativa que abra las puertas a la ciudadanía generará amplios beneficios económicos, el PIB aumentaría en 1.2 billones en los próximos 10 años, se crearían 145 mil empleos anuales y las ganancias acumuladas ascenderían a 625 billones, generando a su vez un aumento de los salarios.
