Bruselas.— Las actuaciones de oficio contra la piratería no sólo brillan por su ausencia en las Aduanas de México: cuando hay operativos policiacos, son infructuosos porque los artículos confiscados suelen encontrar su camino de regreso al mercado informal, sostiene un documento de la Comisión Europea.
“El problema es generalizado y desenfrenado en países como Argentina, Brasil, China, Ecuador, India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudita, Tailandia, Ucrania y Vietnam”, indica un informe al que accesó EL UNIVERSAL.
“Un problema grave en el área de impartición de justicia es la falta de autoridad para que los agentes de Aduanas tomen medidas de oficio para detener, confiscar o destruir mercancías piratas en la frontera, o que estén en tránsito”, señala.
Precisa que se necesitan mejoras sustanciales, en particular, en los regímenes de control de fronteras: “Los productos a menudo no son destruidos por las autoridades policiacas y encuentran su camino de regreso al mercado”.
En ocasiones, explica, los procedimientos de destrucción toman mucho tiempo; en otras, resultan ser disuasivamente costosos para los titulares de los derechos. “Se informaron inquietudes relacionadas con la destrucción de bienes infractores o supuestamente infractores con respecto a India, Indonesia, México, Nigeria, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos”.
El informe sobre la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en terceros países fue hecho por la Secretaría General de la Comisión Europea y transferido al Consejo Europeo el pasado 20 de diciembre.
El documento es elaborado cada dos años desde 2006, y en esta edición saca a México de su lista de prioridades de actuación (en una escala de uno a tres) en materia de protección y observación de los derechos de propiedad intelectual, para incluirlo en la sección de países que estarán bajo monitoreo “particular”, con los cuales se ha negociado un nuevo acuerdo de libre comercio.
“En los últimos dos años México ha negociado capítulos integrales de propiedad intelectual en negociaciones comerciales con Estados Unidos, Canadá y con la Unión Europea. Por lo tanto, la implementación de estos compromisos genera grandes expectativas”.
Áreas de preocupación
En el apartado sobre México, el documento identifica áreas de preocupación: “La aplicación de DPI continúa como un factor de severa preocupación. Las partes interesadas informan sobre falsificación y piratería generalizada en todo el país y un bajo nivel de eficiencia de las autoridades aduaneras. En el extranjero, México es la segunda fuente más grande de películas grabadas ilegalmente”.
En el ámbito administrativo y judicial, detalla, los procedimientos son complejos, largos e ineficaces, aun cuando existe un tribunal especializado en propiedad intelectual. En procedimientos criminales reporta problemas en la denominada “cadena de custodia”.
En el rubro aduanero, la situación ha ido en retroceso en los últimos dos años: los procedimientos en puntos fronterizos se han vuelto más engorrosos y poco claros; la falta de plazos establecidos para adjudicar las incautaciones ha provocado largos retrasos en la destrucción de productos falsificados, procesos que pueden durar hasta 10 años.
Señala que muchos productos apócrifos son liberados por agentes aduanales por la falta de poderes de oficio para confiscar bienes y por la lenta actuación de la Oficina del Fiscal General, instancia encargada de emitir la orden de requisa.
“Las regulaciones aduaneras permiten la liberación de un envío luego de cinco días si no se encuentran irregularidades, pero la orden de incautación tarda hasta un mes. Por tanto, llega a las autoridades aduaneras mucho después de que se presentó la queja”, precisa.
Asimismo, resalta, las autoridades aduaneras no cuentan con recursos suficientes ni con la capacidad para gestionar el número cada vez mayor de productos falsificados que llegan al país.
En el apartado del derecho internacional, México va rezagado: no ha ratificado el Acta de Ginebra, del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de modelos industriales, tampoco el Acta 1991 de la Convención para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas.
El documento destaca que la protección de la propiedad intelectual es crucial para el crecimiento económico. En la UE, las industrias intensivas generaron 84 millones de empleos de 2014 a 2016, es decir, 39% del total en ese periodo.
