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Washington.— Si había algo que últimamente estaba causando conmoción, rabia, críticas y protestas en Estados Unidos era el asalto de la administración de Donald Trump al sistema postal del país, un intento sin precedentes y nada sutil para no sólo menoscabar una de las instituciones más queridas y respetadas, sino para poner en jaque las elecciones presidenciales de noviembre.
Sin embargo, la presión social, incesante, ha sido tan contundente en los últimos días que el director de la institución, Louis DeJoy, tuvo que ceder y poner freno a todos los cambios que quería implementar y que iban a afectar los comicios con retrasos en el voto por correo, que se prevé fundamental ante la pandemia de coronavirus.
Más de una veintena de estados, legisladores demócratas y varios grupos proderechos civiles habían empezado una cruzada sin igual para que DeJoy, un importante donante de la campaña de Trump colocado hace dos meses al frente del servicio postal a pesar de sus presuntos conflictos de interés, diera marcha atrás en la implementación de políticas que, justificadas como medidas para recortar gastos y acabar con la sangría de pérdidas, estaban pensadas para privar del derecho a voto de los ciudadanos.
El país estaba en estado de shock tras ver cómo se retiraban o inhabilitaban buzones de las calles, se desactivaban máquinas de clasificación de cartas, se prohibía hacer horas extras a los funcionarios para no acumular y retrasar envíos, e incluso se cerraban oficinas. Nada de eso se va a aplicar, al menos hasta después de las elecciones de noviembre.
“Para evitar incluso la apariencia de cualquier impacto en el correo electoral, estoy suspendiendo las iniciativas hasta que las elecciones hayan concluido”, dijo DeJoy en un comunicado, en el que prometió que todos los votos por correo serán entregados a tiempo y que el equipo especial para reforzar las tareas para hacer frente a los comicios será ampliado y se coordinará con entidades locales y estatales para garantizarlo.
“Ha sentido la presión”, se felicitó la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes que convocó a los legisladores de urgencia este fin de semana para votar una ley para dar fondos (25 mil millones de dólares) al servicio postal para evitar la aplicación de las medidas. Si se hubieran impuesto, 46 de los 50 estados del país aseguraron que serían incapaces de asumir la carga de trabajo extraordinaria que se espera por el incremento del voto por correo.
El viraje de DeJoy llegó minutos después de que más de 20 estados anunciaran dos demandas al liderazgo del sistema postal para frenar el caos que se avecinaba en el país, y el “ataque” de la administración Trump a unas elecciones que deberían ser “justas y libres”, pero el anuncio no impide que las demandas sigan su camino en el sistema judicial.
“Trump está intentando destrozar una institución crucial que es esencial para millones de estadounidenses por beneficio partidista”, declaró el demócrata Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington, uno de los líderes de las demandas. El sistema postal está protegido en la Constitución de EU. Además de las demandas, las dos cámaras legislativas del país tienen programadas sesiones interrogatorias a DeJoy para analizar qué está pasando en el servicio postal (el viernes en el Senado, el lunes en la Cámara de Representantes). Algunos legisladoras pidieron al FBI que investiguen el caso.
“El anuncio de una pausa temporal en los cambios operacionales es un primer paso necesario pero insuficiente para acabar con la campaña de sabotaje electoral del presidente [Trump]”, dijo Pelosi en un comunicado.
