El presidente regional de Cataluña , Carles Puigdemont , quiere exprarse ante los senadores en Madrid antes de que aprueben el viernes la toma de control de la región por parte del gobierno español, confirmó su portavoz este martes.
"Sobre la ida del presidente al Senado (...) la voluntad del presidente es estar allí", afirmó el portavoz del gobierno regional, Jordi Turull, en una rueda de prensa tras la reunión del ejecutivo.
"La voluntad es ir a poderse explicar, contestar esta acción del Estado español pero (...) no les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no", añadió.
El viernes, el Senado español debe debatir y presumiblemente aprobar las medidas de intervención del autogobierno regional pedidas por el gobierno central español para frenar el desafío independentista de las autoridades catalanas.
A través de un artículo nunca antes usado de la Constitución española , el 155 , el ejecutivo de Mariano Rajoy quiere destituir al gobierno regional, supervisar su parlamento y controlar la policía o los medios de comunicación públicos catalanes antes de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.
El presidente regional puede presentar sus alegaciones ante la Cámara, pero el tiempo programado para hacerlo -jueves por la tarde o viernes- coincide con un pleno en el parlamento regional al que también tiene que asistir.
Este pleno, propuesto para el jueves por los partidos independentistas, tiene por objetivo que la cámara regional responda a la aplicación del artículo 155, en tanto las facciones más radicales del movimiento pedirán declarar la secesión.
Sin embargo, la fecha del pleno podría variar en función de si Puigdemont viaja o no a Madrid, informaron fuentes parlamentarias.
También y sobre todo parece estar discutiéndose la modalidad de la declaración ante el Senado de Carles Puigdemont : ante una comisión el jueves o ante el pleno el viernes, donde incluso podría debatir con un miembro del gobierno.
La intervención de la región o la declaración unilateral de la independencia amenazan con agravar la crisis generada entre el gobierno central y los líderes de esta región con 7,5 millones de habitantes, tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
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