Bogotá.- La polémica reforma a la salud del Gobierno colombiano se hundió este miércoles en la Comisión Séptima del Senado, donde nueve congresistas votaron a favor de una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa y cinco lo hicieron en contra.
El resultado supone la mayor derrota legislativa sufrida por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que había puesto en la reforma de la salud todo su capital político.
El senador Wilson Arias, de la coalición oficialista Pacto Histórico, dijo que es necesario "reconocer el debate, reconocer el resultado y empeñarnos para que desde el Gobierno se procure que no se caiga la salud de los colombianos".
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Durante una prolongada jornada de debates, la oposición expresó sus argumentos para archivar la ponencia, mientras que el Gobierno y los senadores oficialistas intentaron explicar los beneficios de la iniciativa, que el propio Petro defendió con ahínco.
El hundimiento de este proyecto de ley ocurre un día después de que el Ejecutivo interviniera por un periodo de un año a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, que tiene 5,7 millones de afiliados, por supuesta insolvencia en la crisis que enfrentan varias empresas del sector.
Esta intervención ha provocado una andanada de críticas al Gobierno por parte de políticos, expertos y gremios del sector, que consideran inoportuna la toma de control de Sanitas, de propiedad del grupo español Keralty, y la ven como una revancha anticipada por el hundimiento que se veía venir de la reforma de la salud.
"La medida se da en medio de la discusión política de la reforma la salud y su posible hundimiento y a pesar de reiteradas y múltiples solicitudes al Gobierno nacional para adoptar las acciones requeridas para conjurar la crisis del sector", señalo este miércoles la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
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La reforma hundida había sido aprobada a finales del año pasado por la Cámara de Representantes y pasó a debates en el Senado a pesar de las numerosas críticas hechas al proyecto por asociaciones médicas y de pacientes.
El objetivo de la iniciativa era modificar el sistema de salud pública, enfocándolo más en prevención y atención primaria, incluyendo regiones alejadas donde no hay clínicas ni casi atención.
Esta iniciativa conllevaba una pérdida de poder y de gestión de las EPS, empresas privadas que manejan los recursos de los contribuyentes para ofrecer los servicios.
Sin embargo, la iniciativa fue muy criticada, incluso por congresistas de partidos aliados del Gobierno, como la Alianza Verde, así como por asociaciones médicas y opositores que argumentaban que no es viable desde el punto de vista fiscal y que empeorará la atención sanitaria que reciben los colombianos.
Tanto así que desde el mes pasado el proyecto agonizaba luego de que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado radicaran la ponencia con la que finalmente se archivó el proyecto.
En julio del año pasado, tanto Sanitas como otras dos grandes EPS, Sura y Compensar, le enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que alertaban que el sector atravesaba una crisis financiera, denunciando que estaban desfinanciadas y que el Gobierno les adeudaba servicios.
Durante el debate de hoy en la Comisión Séptima, Jaramillo reconoció que el Gobierno está preocupado por haber tenido que intervenir Sanitas.
El ministro expresó que el Gobierno hizo todo lo posible para evitar que las EPS fueran insolventes y que pudieran subsistir financieramente.
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