Washington.— La división que reina en Estados Unidos en el tema de las armas se evidenció ayer cuando la Corte Suprema reafirmó el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego en público, mientras el Senado aprobaba una iniciativa para tratar de frenar la violencia armada.
La decisión del Supremo, por seis votos contra tres, anula una ley de Nueva York que databa de 1913 que requería que una persona demostrara que tiene necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de portación de armas e impedirá a los estados restringir el derecho de las personas a armarse. Tras el fallo, un neoyorquino no podrá, por ejemplo, ir al cine con un rifle AR-15 a la vista, pero sí, eventualmente, podría llevar un arma oculta y cargada.
El presidente Joe Biden se declaró “profundamente decepcionado” por la decisión, que “contradice tanto el sentido común como la Constitución”, según dijo. En cambio, la Asociación Nacional del Rifle dijo que el fallo es un “triunfo para los hombres y mujeres de bien”.
Decenas de estados permiten el porte casi irrestricto de armas en público, pero seis estados controlados por el Partido Demócrata exigen a los dueños de armas que opten por permisos para porte oculto. Estos permisos generalmente son aprobados cuando la persona puede demostrar “una causa apropiada”, así como por qué necesita estar armada en espacios públicos. Con variaciones dependiendo del condado, este tipo de permiso es exigido en California, Nueva York, Hawai, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y el Distrito de Columbia.
En condados gobernados por el Partido Republicano y en áreas rurales de California, por ejemplo, puede haber una tendencia a la concesión del permiso siempre y cuando el solicitante tome clases de seguridad y no tenga una ficha criminal.
Pero en ciudades como San Francisco, gobernadas por políticos de corte liberal, la tendencia es a emitir un permiso a quien pruebe “un riesgo significativo de amenaza a su vida” que no puede ser contrarrestado por la aplicación de las leyes.
El fallo de la Corte Suprema no derrumba este tipo de políticas regionales, pero permite que sean desafiadas legalmente.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que promulgará una legislación estatal sobre el control de armas. “No necesitamos gente entrando al Metro, restaurantes, salas de cine, con armas ocultas”.
Por la noche, el Senado aprobó, por 65 votos contra 33, el proyecto de ley de armas más amplio en décadas, que busca prevenir la violencia con armas de fuego.
La iniciativa contó con el aval de todos los senadores demócratas (50) y 15 republicanos, incluido el líder de la minoría Mitch McConnell.
El proyecto vuelve más estricta la verificación de antecedentes de compradores de entre 18 y 21 años, aclara qué vendedores deben registrarse como titulares de licencias de armas de fuego y endurece las penas por tráfico de armas. La iniciativa pasa ahora a la Cámara Baja.
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