Buenos Aires.— El Senado argentino aprobó ayer por unanimidad la autorización solicitada por la Justicia para allanar las viviendas de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), investigada por supuesta corrupción.
Fernández de Kirchner, senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista, votó a favor de la medida solicitada por el juez federal Claudio Bonadio, pese a que momentos antes negó todas las sospechas en su contra. La viuda del también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) aseguró que no tenía “ningún inconveniente” en que autoricen los registros, con el fin de “terminar” con el “show montado” alrededor de unos “allanamientos sin fundamentos”.
“Si me meten presa, Argentina no será un país más gobernable”, advirtió Kirchner en su discurso ante la Cámara Alta. “Soy la primera senadora allanada, la primera presidenta mujer y la primera en ser expulsada del bloque oficialista. Tengo vocación de hacer cosas inéditas”, declaró. “Si creen que con Bonadio y los desafueros me voy a arrepentir... No. No me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso me arrepiento de no haber sido suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos”.
Fernández de Kirchner está protegida por los fueros parlamentarios, por lo que el juez debió solicitar autorización a la Cámara Alta para revisar las propiedades de la ex mandataria en el marco de la causa que investiga si lideró una supuesta asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios a cambio de contratos de obras públicas u otros negocios.
Las dos sesiones que habían sido convocadas en las últimas dos semanas habían fracasado por falta de quórum, pero ayer se superó el mínimo requerido de 37 de las 72 bancas, con la presencia de la ex presidenta en el recinto, y finalmente la solicitud judicial fue votada por los 66 senadores presentes.
El martes hubo multitudinarias marchas en varias ciudades de Argentina para reclamar al Senado eliminar los fueros parlamentarios que protegen a Fernández de Kirchner y votar el proyecto de ley de extinción de dominio, que permite al Estado quitarle a una persona la propiedad de determinados bienes relacionados con un delito.