El Cártel de Sinaloa no es lo mismo que ISIS
Brian J. Phillips. Profesor investigador en la University of Essex y profesor asociado en el CIDE
En Estados Unidos, algunos políticos del Partido Republicano están pidiendo que los cárteles de las drogas en México sean declarados legalmente como “organizaciones terroristas”.
Por un lado, esto no es nada nuevo. Hace cuatro años, el entonces presidente Donald Trump dijo que iba a declararlos formalmente “terroristas.” Nunca pasó, porque el proceso es complicado y la decisión está a cargo de expertos en terrorismo, no de políticos. Sin embargo, esta vez es algo diferente.
En febrero, los fiscales generales de 21 estados con gobernadores republicanos mandaron una carta al presidente Joe Biden, pidiendo esta designación, citando la crisis de fentanilo y los muertos por sobredosis en Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, dijo que no se opondría a una medida de este tipo.
El secuestro, en marzo, de cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de los cuales fueron encontrados sin vida, exacerbó la situación.
Días después, dos senadores republicanos presentaron un proyecto de legislación pidiendo al presidente Biden declarar a cuatro cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El reclamo está creciendo.
¿Qué implicaría una declaración como grupo terrorista? ¿Qué tan probable es que ocurra?
Estados Unidos actualmente tiene una lista de 68 Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), mantenida por expertos en terrorismo del Departamento de Estado. Solamente este Departamento puede iniciar el proceso de designación. Tras un dictamen fundamentado, y en consulta con otras reparticiones como el Departamento de Justicia, el Secretario del Estado eventualmente puede autorizar la designación.
Cuando un grupo es incluido en la lista, las consecuencias pueden ser serias. A partir del nombramiento, dar “apoyo material” al grupo se convierte en un crimen federal. En este marco legal, es un crimen mandar dinero a ISIS, por ejemplo. La ley también tiene implicaciones migratorias: integrantes de grupos en la lista pueden ser expulsados o tener su entrada negada a Estados Unidos.
Además, la designación es una etiqueta simbólica, indicando que el grupo es una prioridad para el contraterrorismo estadounidense. Este simbolismo es atractivo para gente que quiere que los cárteles mexicanos de la droga reciban más atención. Sin embargo, es importante destacar que generalmente el gobierno de Estados Unidos confronta a terroristas con fuerzas militares, como ocurrió en Paquistán en 2011, cuando militares estadounidenses entraron al país -aparentemente sin su autorización- para matar a Osama bin Laden.
La posibilidad de soldados estadounidenses involucrados en la lucha contra cárteles mexicanos – aunque no necesariamente es obligatorio por una designación como terrorista – preocupa a muchos observadores, especialmente del lado mexicano de la frontera.
¿Qué tan probable es que Estados Unidos designe a carteles de droga mexicanos como terroristas?
Aunque cualquier cosa es posible, este escenario no es muy plausible.
Primero, los cárteles no son grupos terroristas. Aunque los carteles matan a civiles y cometen actos horribles de violencia, son fundamentalmente distintos de los grupos que están incluidos en la lista –organizaciones con motivaciones ideológicas-. Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha incluido otros actores como bandas criminales, redes de hackers o piratas en su lista, y no creo que vayan a empezar a hacerlo.
Segundo, aunque hay muchos fondos dedicados al contraterrorismo en Estados Unidos, estos recursos son finitos. Comenzar a usar el marco de “terrorismo” para cárteles desviaría los recursos de la lucha contra el terrorismo “de verdad”, como el de ISIS, Al-Qaeda, y grupos racistas.
Tercero, una designación como “terrorista” señalaría un cambio importante en la política anticrimen estadounidense, y en la relación México-Estados Unidos. Tal designación sugeriría una militarización de la frontera (más aun de la que ya existe). Sin embargo, sabemos que el gobierno mexicano no quiere ese tipo de militarización, y muchos en el gobierno estadounidense tampoco.
Finalmente, la designación de terroristas puede tener consecuencias económicas serias. La posibilidad de un cargo criminal de “apoyo material” puede intimidar a inversionistas y organizaciones humanitarias, afectando negativamente el desarrollo económico. Gobiernos en ambos lados del Río Grande son muy conscientes de este riesgo.
En síntesis, algunos políticos estadounidenses probablemente seguirán reclamando la designación de carteles de drogas como terroristas, pero no es muy probable que tengan éxito.
Luis Herrera Lasso M. Director del Grupo Coppan
El trasiego y venta de fentanilo y otras drogas no es solo responsabilidad de los mexicanos. Múltiples actores en Estados Unidos están involucrados en estos ilícitos. Sin embargo, la inacción del gobierno de México frente a los cárteles de la droga ha provocado creciente inquietud y reclamos entre gobernadores, fiscales, congresistas y voceros republicanos, que critican al gobierno de Joe Biden por lo que consideran una posición muy tibia frente a México.
Por su delicada naturaleza la cooperación binacional en el ámbito de la seguridad requiere de tres condiciones: comunicación fluida, confianza entre las partes y mecanismos sólidos para avanzar en la solución tanto de incidentes como de problemas estructurales. Con el gobierno de López Obrador no se ha trabajado en ninguna de las tres condiciones. La comunicación entre líderes es distante y la relación entre agencias ha registrado un deterioro creciente. El caso del general Salvador Cienfuegos y las negativas de extradición han contribuido a esta situación.
El secuestro y muerte de estadounidenses en México ha exacerbado los ánimos en Estados Unidos e incrementado el tono de los reclamos. Cuando los incidentes se vuelven crisis, despiertan el interés de múltiples actores. Cualquier crisis plantea oportunidades. Sin embargo, es difícil pensar que la situación podría mejorar con el gobierno de la 4T, lo que significa que el próximo gobierno, cualquiera sea su signo u orientación, tendrá en el centro de su agenda la seguridad y su corolario en la relación con Estados Unidos.
Raquel López-Portillo Maltos (@RaquelLPM). Asociada COMEXI
En las últimas semanas, la relación bilateral México-Estados Unidos ha virado hacia un nuevo punto de inflexión. La suavidad diplomática que extrañamente ha caracterizado las respuestas del vecino del norte respecto al manejo político de AMLO en distintos temas, rápidamente se ha endurecido hacia una línea de ultimátums.
El más frontal es el de la disputa comercial en materia energética en donde, de no romper con el estancamiento actual, la Casa Blanca solicitará la resolución mediante un panel independiente. De no ser favorable, esto costaría a México miles de millones de dólares en aranceles.
Aunado a ello, los recientes exabruptos en materia de seguridad con la propuesta de designar a cárteles como organizaciones terroristas; en materia institucional con la reforma electoral; y en materia migratoria ante los sucesos de Juárez y la próxima remoción del Título 42, fijaron un umbral crítico que exige cambios urgentes. El trueque tácito de dejar pasar cuestiones comerciales y laborales a cambio del manejo de miles de migrantes en territorio mexicano parece haber llegado a su fin, y con ello, los frágiles equilibrios que sostienen a la relación.
En la recta final de ambos gobiernos, Biden y AMLO se baten en un duelo de fuerte estridencia política, intereses nacionales y turbulencia global. Los ultimátums sirven para llamar la atención y atender urgencias. Sin embargo, dependerá de las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo si se transita hacia un camino de beneficios mutuos o si se rige bajo la amenaza que caracteriza a los ultimátums.
Emerson Segura. Periodista, analista político
En 1986, Ronald Reagan, lanzó una “cruzada nacional” contra la droga. ¿La principal amenaza? el crack. Esto como justificación ante la “principal preocupación entre las familias estadounidenses por las drogas”, por encima de las relaciones con la Unión Soviética o la misma economía. Como parte de este paquete, se destinaron 500 millones de dólares a proteger las fronteras, despertando así una nueva narrativa de que “la amenaza venía del exterior”, como lo fue el comunismo. Un año antes tuvo lugar el asesinato del agente de la DEA de Estados Unidos, Enrique “Kiki” Camarena, hito que reforzó la estigmatización acerca de la relación entre drogas y México.
Hoy, la producción y tráfico de fentanilo es un fenómeno global. Sin embargo, es usado de manera engañosa y tramposa. Por México llega sólo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos; el 75 % del fentanilo que consumen llega por Estados Unidos y por Canadá. Sin embargo, legisladores republicanos han usado como arma política este argumento, incluso asegurando que el tráfico de fentanilo es perpetrado por los migrantes. Este argumento es reflejo también de la sociedad estadounidense: 39% piensa que le fentanilo lo ingresan los migrantes indocumentados y el porcentaje sube a 60 entre los republicanos, según datos de NPR-Ipsos. No cabe duda de que la estigmatización y el discurso de odio siguen siendo el caballo ganador de la derecha estadounidense.
Ricardo Smith, asociado COMEXI
Una de las aportaciones de la administración de Joe Biden a la relación entre México-Estados Unidos ha sido incluir a la energía como uno de los ámbitos principales de la agenda bilateral de diálogo y cooperación. Desde luego, una de sus promesas de campaña fue revivir la diplomacia climática, a fin de fortalecer la influencia de Estados Unidos en asuntos globales. Sin embargo, no debemos perder de vista que la región de América del Norte es una potencia energética cuyas fortalezas pueden amplificarse. Por un lado, Estados Unidos es hoy el mayor productor de gas y petróleo en el mundo. México tiene recursos renovables (potencial de generación solar y eólica) privilegiados y distribuidos a lo largo del territorio. Canadá es otra potencia en términos de producción de hidrocarburos, además de ser un proveedor de minerales críticos para la transición energética.
La atención prestada a las controversias comerciales en energía, que enfrentan a Estados Unidos y Canadá con México, oscurece una discusión más profunda sobre los planes que deben ser formulados en el largo plazo para empujar la transición energética en la región. Esto adquiere un matiz estratégico de cara a los cambios globales en flujos energéticos que causó la guerra en Ucrania. Una de las áreas donde existe más potencial es en el comercio transfronterizo de gas natural: en años recientes, se han desarrollado proyectos de infraestructura que integran los suministros de gas de Estados Unidos a México, con el fin de convertir a la región en una plataforma de exportación de Gas Natural Licuado. No obstante, este es sólo un ejemplo de distintas vertientes de la matriz energética que deben ser aprovechadas por ambos países (y Canadá), desde energía solar y eólica hasta hidrógeno.