Denver

“No voy a dejar de luchar, ahora menos que nunca; estoy muy cerca de lograr quedarme aquí [en Estados Unidos] con mis hijos”, dice con voz entrecortada la mexicana Jeanette Vizguerra, a quien en abril de 2017 la revista Time calificó como una de las 100 mujeres más influyentes del año y quien sufre, por segunda vez, la amenaza de deportación.

“Hace dos años luché y gané un permiso temporal de dos años [para no ser deportada], para seguir peleando mi caso y hemos avanzado, no me voy a quedar con los brazos cruzados”, asegura a EL UNIVERSAL la activista mexicana, quien llegó a Estados Unidos en 1997 de manera indocumentada y que hace 10 años, en 2009, comenzó su calvario después de que un policía detuviera su auto y descubriera que no tenía papeles. “Desde entonces estoy en lucha, he pasado por muchas cosas y no me voy a rendir ahora, ya tengo más de 20 años en este país y tres hijos estadounidenses”.

Al igual que Vizguerra, una docena de personas indocumentadas perdieron su protección temporal y están también en riesgo de ser deportadas. “No puede ser, somos gente decente, trabajamos como todos los de aquí y pagamos impuestos todos los años; no puede ser que nos quieran sacar así nada más”. Vizguerra considera que la era del presidente Donald Trump “vino a complicar aún más las cosas porque endureció la política de migración, como si la gente buena y trabajadora fuera criminal, como si fuéramos enemigos y lo único que queremos es trabajar, ser productivos, pero vamos a seguir luchando”.

El pasado 15 de marzo ella tuvo que volver a refugiarse en la Iglesia Unitaria Luterana de Denver, Colorado, para evitar ser detenida por agentes federales del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quienes, asegura, “me venían siguiendo cuando venía para acá, estoy segura”. Las autoridades aún no le han dado respuesta a su solicitud de visa.

Algo similar vivió en 2017, cuando Trump tenía unos meses de haber llegado a la presidencia de Estados Unidos. Vizguerra tenía una cita con un juez de inmigración, pero los agentes del ICE estaban haciendo redadas individuales, selectivas. Su abogado le recomendó no presentarse. Así que en lugar de ir al juzgado se fue a la iglesia, donde recientemente tuvo que volver para no ser arrestada y detenida con miras a su deportación.

De acuerdo con la ley de Colorado y la ley de inmigración de Estados Unidos, los oficiales del ICE pueden entrar a cualquier tipo de santuario, pero es de los pocos protocolos que la administración de Trump sigue respetando la mayoría de las veces: no entrar a iglesias ni escuelas a arrestar indocumentados, según señalan especialistas consultados.

Vizguerra fundó hace una década su propio movimiento proinmigrante denominado Coalición de Santuario de Metro Denver; a través de éste ha dado apoyo y ayuda a decenas de hispanos. “Tenemos que aprender a defendernos entre nosotros mismos; no podemos esperar que este gobierno [el de Trump] nos comprenda. Al contrario, nos persiguen con más y más fuerza cada día”, denuncia.

Varios grupos proinmigrantes han estado levantando su voz a favor de Jeanette y el resto de las personas que han perdido su protección para no ser deportados. “La verdad es que esa es la única parte muy buena, ver cómo hay gente que te aprecia y que quiere defender tus derechos y que de verdad le duele lo que te está sucediendo; eso es lo único bello de esta historia”, dice en tono de agradecimiento.

“Eso ayuda a que esta etapa que se repite en mi vida sea un poco más llevadera; me siento como en medio de una oscuridad, pero estoy segura de que mis hijos y yo vamos pronto a ver la luz, otra vez”, agrega.

El proceso de Jeanette ha sufrido un par de errores desde que inició. “Es por eso que todo se ha retrasado y he tenido que esperar tanto; hay errores de origen”, afirma esta luchadora social quien espera no pasar mucho tiempo en este santuario. Durante 2017 vivió en las instalaciones de la iglesia protestante alrededor de tres meses.

“Una vez que se resuelva todo esto voy a seguir luchando por esos 11 millones de personas que no tienen documentos y que son tratados con tanta crueldad y con tanta indiferencia”, comenta Vizguerra. “Mira esas pobres familias, esos menores que son separados de sus padres; no se dan cuenta [en el gobierno de EU] que esos pequeños van a crecer más seguros aquí [en este país] y al igual que mis hijos y todos los niños nacidos aquí que les han quitado un papá o una mamá, nunca lo van a olvidar”. Advierte: “Pero cuando sean grandes [los menores estadounidenses que han sufrido la deportación de sus padres], varios seguramente trabajarán en el gobierno y podrán cambiar las cosas”, concluye.

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