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En la víspera del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) las voces de autoridades, empresarios y dreamers (soñadores) se levantan para alertar sobre el riesgo que implica su desaparición tanto para las personas como para el país.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el fiscal general del estado se comprometieron ayer a demandar al mandatario si deroga una ley que protege de la deportación a inmigrantes que llegaron a EU de manera ilegal cuando eran niños.
Mapa. Distribución de los soñadores en EU
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Cuomo señaló que “la acción del presidente cambiará drásticamente la vida de cientos de miles de personas jóvenes que nunca pidieron que Estados Unidos fuera su hogar”.
Poner fin al DACA sería la más “mezquina y miope de las muchas acciones antiinmigrantes” de la administración Trump, señaló Wayne Cornelius, director emérito del Programa de Investigación sobre Migración de la Universidad de California, San Diego, en un artículo publicado ayer por el diario Los Angeles Times.
En tanto, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron ayer en varias ciudades del país, entre ellas Washington, Atlanta y Los Ángeles, para defender la iniciativa y exigir su permanencia.
Se tiene previsto que Trump anuncie hoy el fin del programa y dé seis meses al Congreso para que proponga una ley alternativa. El DACA fue creado por decreto en junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a 800 mil jóvenes. Su desaparición los dejaría en la ilegalidad y les quitaría la oportunidad de estudiar y trabajar de manera legal, exponiéndolos a abusos.
Líderes de las principales empresas de EU pidieron la semana pasada a Trump mantener el DACA.
En su mensaje advirtieron que si desaparece el programa, la economía estadounidense “perdería 460.3 mil millones del PIB nacional”.
“Los soñadores son vitales para el futuro de nuestras empresas y nuestra economía. Con ellos crecemos y creamos empleos. Son parte de por qué seguiremos teniendo una ventaja competitiva global”, señalaron los empresarios, entre los que se encuentran los jefes de los gigantes tecnológicos Microsoft, Apple y Facebook.
Los grupos que apoyan una aplicación más estricta de la ley de inmigración, por su parte, dicen que la eliminación del programa también traerá beneficios.
“El fin del DACA generaría vacantes laborales bienvenidas para graduados universitarios estadounidenses y otros trabajadores estadounidenses que están desempleados o subempleados y se sienten completamente apartados de la fuerza laboral e imposibilitados de alcanzar su sueño americano”, dijo Dave Ray, director de comunicaciones de la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos.
Cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que 886 mil 814 jóvenes están protegidos por el DACA. Para ser aceptados en el programa debieron comprobar que no tienen antecedentes penales, haber acudido a la escuela secundaria o haberse enrolado en el ejército, que su llegada a EU fue antes de 2007, que no salieron de Estados Unidos desde ese año, y que tenían menos de 31 años cuando fue aprobado el DACA, en junio de 2012.
El programa, además de protegerlos de la deportación, también les permite contar con número de seguridad social, seguro médico, identificación del estado, licencia para conducir y trabajar o estudiar legalmente.
Una encuesta realizada por el Centro de Progreso Americano señala que 91.4% de los beneficiarios del DACA actualmente trabajan y su salario es de 17.64 dólares por hora, más de los 10.29 dólares que ganaban antes de tener un permiso legal.
El Instituto de Política Migratoria estima que más de 1.9 millones de jóvenes cumplen con las condiciones para sumarse al programa; de ellos, 1.28 millones son de origen mexicano; 64% podría ser elegido inmediatamente; 24% podrían acceder a educación, y 12% podrían ser elegidos en un futuro. Todos ellos quedarán en la ilegalidad si Trump lo cancela. Los principales afectados serían los estados de California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida, que tienen mayor población con DACA (casi 500 mil personas).
