Madrid.- El debate sobre el derecho a una muerte digna cuando la enfermedad es incurable y genera un gran sufrimiento está cada vez más extendido en Europa, aunque sólo tres países se han atrevido a legalizar la eutanasia: Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Holanda fue el primer país del mundo en regular la eutanasia activa en 2002, con el objetivo de facilitar la muerte del paciente mediante el empleo de fármacos. Para ello, entre otros requisitos legales, la persona debía tener una enfermedad incurable y sufrir dolores insoportables e irreversibles, además de contar con la certificación de los médicos.
Recientemente surgió una polémica en los Países Bajos a raíz de una investigación encargada por el gobierno que revela que 0.18% de la población holandesa mayor de 55 años, unas 10 mil personas, no desea seguir viviendo y quiere acceder a la eutanasia a pesar de no tener una enfermedad incurable. Varios líderes progresistas se declaran a favor de autorizar la asistencia médica para ayudar a morir a los mayores de 75 años que así lo manifiesten, con independencia de su estado de salud, pero los partidos políticos más conservadores rechazan de plano la iniciativa, por lo que es improbable que Holanda consiga dar una respuesta legal a lo que se conoce como “cansancio vital”.
Bélgica cuenta con una normativa sobre eutanasia similar a la de Holanda, aunque amplía algunos de los supuestos en los que resulta procedente. En 2014 este país se convirtió en el primero del mundo en autorizar la eutanasia para menores sin límite de edad, siempre que el niño esté gravemente enfermo, sufra dolores físicos intolerables y se dificulte el tratamiento paliativo; además del consentimiento propio y el de los padres, el paciente deberá obtener el aval de un equipo médico. En Holanda las condiciones para que los menores puedan acceder a la eutanasia son parecidas, pero estos deben tener más de 12 años.
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Luxemburgo también aprueba la eutanasia activa, aunque su legislación es menos permisiva que la de Holanda y Bélgica debido a que excluye de la misma a los menores de edad.
El caso de Suiza es más atípico al tolerar lo que se denomina suicidio asistido, que consiste en ayudar a otra persona a acabar con su vida sin acompañamiento de profesionales sanitarios, mientras que en Alemania existe un vacío legal que es aprovechado por algunos médicos y asociaciones para proporcionar los medicamentos letales al afectado. El cáncer y las enfermedades degenerativas son las principales dolencias de los solicitantes de eutanasia.
En otros países europeos como Italia, Francia, Irlanda o España, la eutanasia está expresamente prohibida, al igual que el suicidio asistido que puede conllevar penas de cárcel para la persona que colabore en el último trance.
En Colombia un fallo de la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997, pero tuvieron que pasar casi 20 años para que se regulara por ley. La polémica que causó continúa vigente y en la práctica su aplicación sigue enfrentando todo tipo de trabas, sobre todo por parte de los sectores más religiosos y conservadores. En el resto del mundo, sólo Australia y Canadá contemplan de manera restringida el acceso a una muerte digna.
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España y Portugal podrían sumarse próximamente al trío europeo que cuenta con las regulaciones más avanzadas en materia de eutanasia y donde entre 1% y 4% de los fallecimientos se producen mediante este método. En los dos países ibéricos existe una mayoría parlamentaria que se inclina a facilitar a los ciudadanos que así lo deseen los medios para poner fin a su vida, siempre que sufran enfermedades graves, incurables y muy dolorosas. En España, la eutanasia es una de las demandas que cuentan con más respaldo popular, porque entre 70% y 85% de los ciudadanos está a favor de su legalización.
El Congreso de los Diputados recién dio luz verde a la normalización de la muerte asistida que deberá ser ahora ratificada por el Senado, para regresar luego a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. La nueva ley no sólo busca despenalizar la eutanasia, sino reconocerla como un derecho individual. El proyecto de ley impulsado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez es apoyado por el grueso del Parlamento, con excepción del conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox. La normativa contempla los procedimientos por los que, en situaciones extremas, los profesionales sanitarios pueden auxiliar a un paciente para que ponga fin a su vida.
El respaldo a la eutanasia en España es mayoritario e incluye a personas de todas las ideologías y creencias, señala la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), para avalar la iniciativa parlamentaria.
Los médicos pueden alegar objeción de conciencia en los casos en los que no estén de acuerdo con el procedimiento. La Iglesia católica se opone a la eutanasia por considerar que es una forma de homicidio.
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La nueva ley para la muerte asistida ofrecerá una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual, según el gobierno socialista que prevé que la normativa pueda entrar en vigor en el mes de junio.
La eutanasia es ilegal en España, por lo que los inductores del suicidio de otra persona pueden ser castigados con penas de hasta ocho años de prisión. Con la aprobación de la muerte digna se calcula que el número de enfermos que optaría por la eutanasia en el país ibérico no superaría los 9 mil al año.