Wilmington, Delaware.— Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, se declaró ayer no culpable de delitos tributarios menores cuando un acuerdo con fiscales federales quedó sin efecto en un tribunal de Delaware.
La decisión se produjo después de que la jueza Maryellen Noreika expresó dudas sobre ese pacto por el cual Biden aceptaba declararse culpable y admitir la posesión ilegal de armas y ordenó dejarlo en suspenso.
Hunter Biden, cuyos problemas judiciales opacan la campaña de reelección de su padre, Joe, pactó con la Fiscalía que sería condenado a libertad condicional por dos cargos de evasión fiscal a cambio de declararse culpable. El acuerdo especificaba que un cargo de posesión de armas de fuego sería eliminado si seguía un programa de asesoramiento y rehabilitación.
Pero, según medios estadounidenses, el acuerdo se cayó después de que Noreika preguntó por qué se incluía la posesión de armas en un caso fiscal, y ademas quiso saber si el acuerdo protegía a Biden de cargos que pudieran surgir de una investigación más amplia sobre sus negocios. Los fiscales no pudieron responder esas preguntas, por lo que la jueza dijo que no aceptaba el acuerdo y Biden se declaró no culpable. Se espera que ahora se realicen nuevas negociaciones que podrían ser más complejas.
El fiscal David Weiss indicó al tribunal que sigue examinando otros posibles delitos de Biden.
Weiss no detalló esos eventuales delitos, pero una cuestión mencionada en el tribunal fue la posible violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, relacionada con sus negocios en China, Ucrania y otros países a principios de la década de 2010, cuando su padre era vicepresidente.
Los republicanos acusan a Weiss de darle a Biden un acuerdo excesivamente favorable a sus intereses. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que Hunter Biden era “un ciudadano particular. Era una cuestión personal”.
El caso fue “manejado de forma independiente por el Departamento de Justicia bajo la dirección de un fiscal nombrado por el presidente Trump”, agregó.
Ese acuerdo ponía fin a una investigación de cinco años que los republicanos trataron de utilizar para perjudicar políticamente a Joe Biden.
Según los cargos, Hunter, un abogado y cabildero formado en la universidad de Yale, no presentó a tiempo sus declaraciones de impuestos por ganancias de más de 1.5 millones de dólares en 2017 y 2018. Se enfrentaba hasta a 12 meses de prisión por cada cargo fiscal y a un posible máximo de 10 años, porque habiendo consumido drogas había comprado ilegalmente un arma de fuego en 2018.
No obstante, los fiscales plantearon su libertad condicional por los cargos fiscales después de que Biden pagó lo que debía, de acuerdo con su abogado.
Además, el cargo de posesión de armas debía suspenderse y luego eliminarse si Biden completaba el llamado “desvío del juicio”, que a menudo implica asesoramiento o rehabilitación. Eso implicaba que Biden se mantuviera sobrio, porque ese cargo deriva de un largo periodo en el que, según él, luchó contra la adicción al alcohol, la cocaína crack y otras drogas.
“El presidente y la primera dama quieren a su hijo y lo apoyan mientras sigue reconstruyendo su vida”, subrayó Jean-Pierre.
El martes estalló una controversia, luego de que los republicanos en la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes introdujeron documentos judiciales pidiendo a Noreika que considere el testimonio de empleados del Servicio de Ingresos Internos, quienes denuncian que el Departamento de Justicia ha interferido en el caso.
Después de que tales papeles fueron introducidos, un secretario de la corte recibió una llamada solicitando que “toda información sensible sobre jurados investigadores, pago de impuestos y Seguro Social” sea mantenida en secreto, según una orden oral de la jueza, reportó la agencia AP.