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Hijos de migrantes están librando una ardua batalla judicial para conseguir que sus padres reciban asistencia médica gratuita, luego de que las autoridades españolas negaran a sus mayores el acceso a la sanidad pública, a pesar de las graves dolencias que padecen.
Es el caso de Ariel Serrano, mexicano de 76 años y quien vive desde 2017 en España. Su hijo del mismo nombre, quien tiene la doble nacionalidad, española y mexicana, recurrió a la figura de la reagrupación familiar para que sus padres se pudieran trasladar legalmente desde México al país ibérico.
Aquejado de un cáncer de próstata que le detectaron en una revisión médica rutinaria, Ariel padre requiere con urgencia tratamiento especializado que la familia no puede sufragar; sin embargo, su permiso de residencia, obtenido a través del hijo, le impide beneficiarse del sistema nacional de salud.
El Ministerio de Trabajo español alega que el ciudadano mexicano no tiene derecho a la sanidad pública, porque está amparado por el seguro médico privado que tuvo que contratar obligatoriamente antes de tramitar su residencia en el país ibérico.
Sin embargo, el seguro privado es insuficiente puesto que la póliza que el paisano contrató con la empresa sanitaria DKV tiene muchas restricciones, por lo que no cubre los servicios médicos más costosos, explican sus familiares.
A pesar de que el tumor maligno le fue diagnosticado en julio del año pasado, con el tiempo corriendo en su contra, el migrante oriundo de Ciudad de México no recibe todavía el tratamiento oncológico que prescriben los médicos y que puede abarcar desde la radioterapia a la cirugía.
El pasado mes de diciembre y tras entrar en contacto con una asociación que defiende en España a los afectados por discriminación sanitaria, Ariel presentó una demanda judicial ante los tribunales locales para reclamar el derecho de su padre a recibir asistencia médica de carácter público.
“Es una injusticia clamorosa. Las leyes españolas especifican claramente que cualquier ciudadano que resida legalmente en España tiene derecho a la sanidad pública, que es universal. Pero el Ministerio de Trabajo se empeña en desconocer este derecho y le niega a mi padre la tarjeta sanitaria”, señala a EL UNIVERSAL para justificar la procedencia de su denuncia.
Los trámites burocráticos impiden que el juicio que esclarecerá los hechos se celebre antes de febrero de 2020, un plazo demasiado largo para la urgencia que amerita la enfermedad del hombre, advierte el hijo del paisano afectado.
Además, las inyecciones que necesita su padre cada seis meses para retrasar la propagación del tumor suponen una pesada carga económica, porque cuestan casi 600 dólares cada una. “Es una situación muy injusta, me siento impotente ante una situación que yo no la creé y no tengo a quién recurrir. Trato de estar tranquilo para no darle margen a la enfermedad, pero tengo miedo, naturalmente”, reconoce Ariel padre, luego de subrayar que no fue fácil abandonar México para mudarse a España.
“Nos costó mucho trabajo dejar México, tuvimos que vender todo lo que teníamos, incluida una casa, chica, pero casa al fin. Extraño mi cama, mi sillón y mi vida completa por allá”, expresa el afectado, aunque descarta cualquier posible regreso puesto que apenas le queda familia fuera de Europa.
“Total, nos fuimos para venir acá y sufrir más… porque pensábamos que la sanidad en España no estaba tan problemática. Ahora no nos queda más que esperar”, asegura con cierto tono de resignación.
Según eldiario.es, que ha ventilado decenas de casos de extranjeros desasistidos, las sentencias de la justicia española están dando la razón a los ciudadanos que obtuvieron la residencia por reagrupamiento familiar y a los que el Ministerio de Trabajo deniega de forma sistemática su tarjeta sanitaria.
Los juzgados se han convertido en la única vía para que los migrantes que consiguieron la residencia en España a través de sus hijos puedan reivindicar su derecho a la sanidad pública. “Tenemos buenas esperanzas, porque todas las demandas similares a la nuestra han sido ganadas en los tribunales”, señala con optimismo Ariel hijo, a pesar de la tardanza del proceso judicial.
También lamenta que no exista ningún convenio médico entre los seguros sociales de México y España que permita al menos gestionar los casos de mayor urgencia y evitar situaciones dramáticas, como la que está viviendo su familia.
Organizaciones humanitarias han alertado que la universalidad de la sanidad española tiene importantes grietas por donde se sigue filtrando la exclusión sanitaria de muchos migrantes que se encuentran en España en situación atípica o irregular.
