San José. – Nicaragua atestiguó desde la semana pasada una pugna dentro de la más poderosa familia nicaragüense —la del presidente Daniel Ortega y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo— y los primeros resultados confirmaron que el “Rosarismo” continuó su irrefrenable avance de control totalitario sobre el “Danielismo”, en un proceso para garantizar la sucesión del régimen dinástico que se instaló en 2007.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua emergió al menos desde el 25 de octubre pasado como el escenario de la más reciente purga —con despliegue policial— en una instancia estatal, en una sorpresiva depuración de magistrados y otros jerarcas ahora bajo persecución, y del progresivo dominio de la vicepresidenta sobre los tradicionales dominios a la sombra del presidente: Ejército, Policía Nacional y Poder Judicial.
“No he oído que, oficialmente, (Murillo) asumió el dominio de la Corte con cargo, pero ella tiene ya el control de la Corte”, relató el mayor nicaragüense en retiro, Roberto Samcam, en el exilio en Costa Rica. “Es un poder delegado por Ortega, obviamente, porque la Corte era uno de los cotos privados de él, como lo fueron la Policía y el Ejército. Ya la Policía también se la delegó a Murillo y ella hizo todos los cambios que quiso, la controla totalmente”, dijo Samcam a EL UNIVERSAL.
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“Ahora es el Poder Judicial. Ortega no permitía que ella se metiera y ahora sí. Eso ya es consensuado y lo interpreto que es el inicio de un proceso de transición en el que Ortega le entrega el poder a Murillo y él queda detrás para proteger que no se desintegren el partido—Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—y la gente… se someta”, describió.
Ortega cumplirá 78 años el próximo 11 de noviembre y, según informes extraoficiales, sufriría severos problemas de salud. Murillo tiene 72.
Los ocho hijos del dúo presidencial —Rafael Antonio, Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Juan Carlos, Laureano Facundo, Maurice Facundo, Camila Antonia y Luciana Catarina— ocupan estratégicos puestos en un aparato de decisiones verticales de acatamiento obligatorio.
Por asedio de Murillo, la justicia nicaragüense sepultó en 2002 y 2005 las acusaciones que Zoilamérica Narváez Murillo, hija de la vicepresidenta, presentó en 1998 contra Ortega —su padrastro— por abuso sexual —ella con 9 años— a partir de 1977 y 1978 y durante unos 12 años. Zoilamérica escapó en 2013 a Costa Rica y vive como refugiada en esta nación.
Con el fallo, Murillo allanó la ruta electoral de su marido a la presidencia en 2007.
Murillo ejerce como vicepresidenta, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, vocera presidencial, rectora de la agenda del mandatario, jefa de propaganda y publicidad, directora de prensa gubernamental y supervisora de todas las actividades del Poder Ejecutivo y vigilante de las decisiones legislativas, judiciales, electorales, municipales, militares y policiales.
Purga de 100
Confidencial, un diario digital nicaragüense que opera en el exilio en Costa Rica, publicó este miércoles que “una nueva barrida” en la Corte “ya suma a al menos un centenar de funcionarios” hasta el 31 de octubre.
La lista fue encabezada por la magistrada presidenta, la abogada Alba Luz Ramos, y un numeroso bloque de sus funcionarios “allegados, aunque el listado “sigue creciendo”, narró.
Basado en fuentes de la Corte, describió que “es un tsunami que ha arrasado a militantes y simpatizantes históricos (del FSLN) y de la nueva hornada”.
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Al referirse a dos de las magistradas destituidas, precisó que “son viejas militantes” del FSLN y recordó que en 2022 hubo “barridas” de empleados judiciales.
El operativo contra Ramos se registró el 24 de octubre y “fue ejecutado por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional”, puntualizó.
La Prensa, el más importante periódico de Nicaragua (ahora solo en versión digital), informó el 25 de octubre que “la ausencia” de Ramos, a la que definió como “orteguista”, de su oficina “ha generado zozobra en el edificio de este poder estatal”.
Ramos, ahora en arresto domiciliario, fue interrogada por la policía “orteguista”, reportó.
“La dictadura”, planteó La Prensa, “está viviendo un ciclo de paranoia, persiguiendo a sus propios ‘leales’ en un intento desesperado por asegurar el poder absoluto”.
En un país que, como Nicaragua, está sometido a un férreo control de censura noticiosa, con el funcionamiento solamente de informativos al servicio del régimen y sin periodistas ni medios independientes, EL UNIVERSAL tampoco logró obtener una reacción oficial de lo ocurrido en la Corte y su impacto en la situación nicaragüense.
Tampoco fue posible conseguir una versión independiente de los hechos revelados por Confidencial y La Prensa, con la casi totalidad de sus periodistas obligados a huir al exilio a Costa Rica, Estados Unidos y otros países.
De acuerdo con una información oficial, el abogado Marvin Aguilar fue nombrado “magistrado presidente en funciones” de la Corte intervenida.
También fueron cesados dirigentes sindicales y juveniles del FSLN, entre otros puestos de control.
Surgido en la clandestinidad en 1961 como una organización guerrillera para combatir a la dictadura dinástica de la familia Somoza que gobernó de 1934 a 1979, el FSLN derrocó en 1979 por la vía de las armas al somocismo, pasó a ser partido legal e instaló un régimen revolucionario socialista proCuba que, por la ruta de las elecciones y los votos, perdió en 1990 y debió entregar el poder.
Luego de tres derrotas en las urnas, Ortega recuperó la Presidencia en 2007 y, en comicios tildados de fraudulentos, se reeligió consecutivamente en 2011, 2006 y 2021 y podrá gobernar hasta 2027. Mientras tanto, su esposa se afianzó como el verdadero timón del rumbo político de Nicaragua, cuyos principales aliados en América Latina y el Caribe son Cuba y Venezuela, con Rusia, Irán, China y Turquía como los más importantes socios extrarregionales.
La crisis democrática, institucional y socioeconómica nicaragüense se agravó en abril de 2018, cuando se desató una persecución política en Nicaragua al estallar fuertes protestas callejeras contra Ortega y Murillo. El movimiento opositor los acusó de ser una dictadura dinástica violadora de los derechos humanos y exigió democracia, libertad y elecciones libres.
Ortega y Murillo rechazaron las denuncias en su contra y adujeron que en 2018 frustraron un intento de golpe de Estado terrorista ejecutado por los opositores en asocio con Estados Unidos.
Desde 2007, la familia Ortega Murillo asumió el mando del Poder Judicial, que sumó al que acaparó en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral con el amparo de las fuerzas policiales, paramilitares y militares.
EU impuso, desde hace más de cinco años, una serie de sanciones económicas a Nicaragua y a sus jerarcas por la represión y la ruptura constitucional.
Los sucesos en la estructura judicial apuntaron a consolidar la ruta de Nicaragua hacia el totalitarismo.
La pareja gobernante apunta a emular a la revolución comunista cubana que, progresivamente al triunfar en 1959, colocó a todas las instituciones estatales, culturales, sociales, deportivas y de cualquier índole bajo la obediencia del sistema unipartidista del Partido Comunista de Cuba (PCC), sin multipartidismo ni libertad de expresión o de prensa ni comicios libres.
De 2018 a 2023 y en su propagación de mando único, Ortega canceló decenas de universidades públicas y privadas y más de 3 mil organizaciones no gubernamentales.
Al exponer que en Nicaragua “no quedan articulaciones políticas o estas operan bajo total discreción por miedo a ser encarcelados, desnacionalizados y expulsados del país”, el periódico La Prensa pareció dibujar este jueves el paisaje político nicaragüense: “La dictadura tiene un control total del país”.
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