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Donald Trump (2017-2021) fue acusado este lunes de haber intentado manipular los resultados electorales en el estado de Georgia durante las presidenciales de 2020. Se trata de la cuarta imputación penal en su contra. La ley utilizada por la fiscal Fani Willis coloca al exmandatario estadounidense al nivel de los líderes mafiosos.
Según el documento de acusación presentado por el Gran Jurado del condado de Fulton, Trump enfrenta a 13 cargos, entre ellos el de violar la ley RICO de Georgia -o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes-. En otras palabras, el jurado acusa al aspirante presidencial republicano de formar parte de una amplia conspiración para intentar anular el resultado de las elecciones en las que perdió ante el demócrata Joe Biden.
Willis inició sus investigaciones poco después de que el diario The Washington Post difundiera la grabación de una llamada de teléfono del 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el entonces presidente reclama a Raffensperger que “encuentre 11 mil 780 votos” necesarios para que el republicano adelantara a Biden.
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Trump descarta que esa llamada haya sido un intento de manipulación y afirma que la investigación de la fiscal, que es demócrata, tiene motivaciones políticas.
Willis decidió utilizar la ley RICO por sus alcances. Es fan declarada de este estatuto que le ha permitido presentar cargos contra profesores, así como contra músicos, en la zona de Atlanta, tras un escándalo de trampas y corrupción en escuelas públicas.
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Trump es señalado de recurrir al chantaje, un delito que persigue la ley RICO y que se usa para describir 35 delitos, entre ellos el secuestro, el asesinato, el soborno, el incendio provocado y la extorsión.
La ley RICO fue aprobada en 1970 para combatir el crimen organizado. Desde entonces, la ley se ha utilizado para perseguir a algunos de los miembros más destacados de la Mafia, como Antonio Corallo, jefe de la infame familia Lucchese. Ahora, Trump se suma a la lista.
La ley es bastante amplia e incluso se ha utilizado para perseguir casos de tráfico de información privilegiada y a grupos antiabortistas que bloquean el acceso a las clínicas.
Ser condenado bajo esta ley implica, además, penas de prisión que van de los cinco a los 20 años.
La acusación en Georgia ofrece una ventaja adicional a los detractores de Trump: al tratarse de un delito estatal, el exmandatario, en caso de regresar a la Casa Blanca, no tendría la posibilidad de indultarse (sólo se puede indultar por delitos federales).
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