San José.— Narcotraficantes costarricenses ligados a cárteles mexicanos y colombianos del contrabando internacional de drogas se infiltraron a un movimiento de protestas callejeras que estalló el pasado 30 de septiembre en Costa Rica, arrinconó al gobierno y lo obligó a desistir de una reforma tributaria que pretendía negociar de urgencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para paliar una aguda crisis fiscal.
La revelación fue hecha por el excandidato presidencial y exdiputado costarricense José Miguel Corrales, jerarca del Movimiento Rescate Nacional que instaló decenas de bloqueos en carreteras, puentes y otros sitios de este país atrapado en su peor crisis socioeconómica desde 1980. El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto, confirmó la denuncia.
“Los piquetes que hay a lo largo de la carretera están siendo penetrados por el narcotráfico”, dijo Corrales, sin dar detalles del ingreso de mafias de narcoactividad a una organización que movilizó a miles de personas para repudiar la iniciativa gubernamental de promover nuevos impuestos para sofocar sus carencias financieras. Soto alertó que los narcotraficantes se infiltraron “con las peores intenciones” para “facilitar sus actividades” y reprochó que Corrales y demás dirigentes perdieron “control de la situación”.
“Hemos visto la participación directa de grupos criminales locales, grupos de crimen organizado y distribución de droga local, involucrados en estas manifestaciones, con presencia de armas blancas, de armas de fuego, arremetiendo y disparando contra nuestras delegaciones”, relató. “Tenemos audios donde delincuentes locales de algunas comunidades motivan a la utilización de armas, a facilitar incluso dinero o algún tipo de recursos para controlar territorios”, con la “clara intención” de “generar confusión y caos”.
Acosado por la parálisis provocada por los bloqueos, con pérdidas económicas millonarias y tensión en las calles por las violentas disputas con la policía, y por el generalizado rechazo social, empresarial, sindical y político al plan fiscal, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, accedió el domingo a retirarlo. Aun así, los bloqueos, que perjudicaron el transporte regional de mercancías, no cesaron.
En un turbio panorama agudizado por el coronavirus, Costa Rica se hundió en su más grave aprieto socioeconómico en 40 años con un déficit fiscal que superaría 9% del Producto Interno Bruto en 2020. El desempleo pasó este año de 12% a 24% y dejó a unas 600 mil personas sin trabajo en un país de unos 5 millones de habitantes.
Costa Rica se convirtió hace más de 45 años en puente clave del narcotráfico aéreo, marítimo, fluvial y terrestre por su posición geográfica en el sur de Centroamérica entre el gigantesco mercado estadounidense de consumo y los centros de producción de drogas en Colombia y de contrabando desde ese país, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú hacia México y EU.
