El indulto humanitario concedido al ex presidente peruano Alberto Fujimori, que ayer fue criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no incluye el perdón al pago de la reparación civil, por lo que de acuerdo con el diario peruano El Comercio, el ex mandatario mantiene una deuda de 51.69 millones de soles (unos 15.6 millones de dólares) con el Estado peruano por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones.
Según El Comercio, el monto inicial de la deuda de Fujimori era de más de 27 millones de soles (8.3 millones de dólares), correspondiente a sus condenas por la compra de Cable Canal de Noticias, el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra (ex esposa del ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos) y la irregular Compensación por Tiempo de Servicios pagada a Montesinos, casos todos vinculados a la corrupción. Sin embargo, al no haber pagado nada, los intereses casi duplicaron la deuda, señaló el rotativo, que citó cifras de la procuraduría anticorrupción, actualizadas al 25 de diciembre.
“El indulto humanitario concedido no lo liberará de su obligación judicial de pagar la reparación civil en favor del Estado por todos los delitos de corrupción cometidos y por los cuales fue condenado en su oportunidad. El indulto podrá perdonar la pena, pero no la reparación civil”, explicó a El Comercio el procurador anticorrupción Amado Enco. El diario subrayó que además de los casos de corrupción, Fujimori recibió condenas por otros delitos, incluyendo las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta, que dejaron 25 muertos y los secuestros de un periodista y un empresario.
En la resolución judicial se le impuso el pago del equivalente a 18 mil 900 dólares a favor de cada uno de los herederos legales de las víctimas y 14 mil 181 para cada uno de los secuestrados. Según El Comercio, aunque en 2012 se dispuso el “embargo definitivo” de dos inmuebles para poder pagar la deuda, aparecieron otros supuestos dueños, por lo que no se ejecutó la medida.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el 24 de diciembre el indulto humanitario a Fujimori, quien está en una clínica de Lima, al considerarse que el ex mandatario está enfermo y su salud podía agravarse en prisión.
En un comunicado, la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló ayer que “el indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del Presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos” y que “el indulto a Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica”.
A su juicio, “la participación del médico particular del sentenciado en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta”. Asimismo, señaló la nota, la decisión del gobierno peruano “desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad”, y puede “resultar en una forma de impunidad”.
“La CIDH rechaza el indulto a Fujimori por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú, y hace un llamado a que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas que fueron afectados con esta decisión”, concluyó la comisión.
Abogados de familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta dijeron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisará en febrero el estado en que se halla el proceso sobre las dos masacres. Según juristas peruanos, el estudio de estos casos podría llevar a que la Corte IDH, cuyos fallos son vinculantes para Perú, decida revertir el indulto a Fujimori.
Miles de personas se manifestaron ayer de manera simultánea en las principales ciudades peruanas para protestar contra el indulto, que exigieron anular por considerar que es un “insulto”.
Los participantes denunciaron que el indulto fue un pacto político entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.
Esa acusación se basa en que el actual presidente dio la libertad al ex mandatario sólo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo, liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del ex gobernante, quien le había pedido el indulto para su padre.