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San José.— América Latina y el Caribe conmemoran hoy el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con un saldo negativo.
El panorama latinoamericano muestra represión y prisioneros políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua; hostilidad a indígenas y ambientalistas en Perú, Ecuador, Chile y Paraguay, y asesinatos de líderes sociales en Colombia, según activistas.
También exhibe xenofobia en Uruguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, racismo en Brasil, avance del crimen organizado en Guatemala, El Salvador y Honduras e intolerancia al reclamo cívico en Argentina y Bolivia, entre otros factores, como el asedio a la libertad de prensa y de expresión por parte de los gobiernos, del crimen organizado y de figuras políticas y empresariales.
“Pese a los grandes avances institucionales y legislativos de protección de los derechos humanos, en América Latina y el Caribe vivimos un clima de regresión”, dice la mexicana Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), organización global independiente de defensa de los derechos humanos.
Al recordar que el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la declaración, fue “un hito que marcó un antes y un después en el compromiso de la ciudadanía mundial por avanzar en el desarrollo de un mundo más justo e igualitario”.
Guevara lamenta que actualmente haya una situación inquietante.
“Los líderes políticos de América Latina y el Caribe, casi en su totalidad, decidieron selectivamente proteger los intereses económicos y políticos de unos pocos, en menoscabo de la dignidad de las grandes mayorías.
La defensa de los derechos humanos se convirtió en el oficio más peligroso en América Latina y el Caribe, porque los gobiernos de la región encontraron, convenientemente, moverse a estrategias represivas para mantener su hegemonía de poder”, afirma Guevara en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Líderes en la región llegan al poder político usando una retórica divisoria, antiderechos y discriminatoria que convierten en política pública. Otros se aferran a sus privilegios de poder reprimiendo violentamente a su población, como hemos visto este año en Nicaragua, Venezuela y Honduras”, relata.
“Aunado a eso, los legados de corrupción, impunidad y discriminación, particularmente en contra de nuestros pueblos indígenas y originarios, generaron condiciones fértiles para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
Pese a la adversidad, los movimientos sociales y de derechos humanos mantienen una resistencia pacífica en defensa de las libertades para que los estados rindan cuentas”, aclara.
Al exponer un panorama que se repite en casi todo el continente, el hondureño Roberto Herrera, jerarca del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, alerta que “es irrefutable” que la mayoría de los habitantes en pobreza y exclusión social “son la expresión de la violación histórica y sistemática de los derechos humanos”.
