San José. – Encubiertos en las sombras y en el silencio de la madrugada, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, asestaron ayer el más fuerte golpe a la jerarquía católica nicaragüense en 52 meses de conmoción política interna y ejecutaron por sorpresa un asalto policial a una curia episcopal para detener a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y figura emblemática de la aguda crisis de ese país.
El arresto de Álvarez, severo y permanente crítico del régimen, provocó el repudio mundial y agravó el profundo conflicto nicaragüense. El prelado quedó recluido desde ayer en su casa en Managua, en lo que la pareja gobernante definió como “resguardo domiciliar”.
El caso ahondó la represión política en Nicaragua a partir de que, el 18 de abril de 2018, se detonó una masiva y popular protesta antigubernamental sin precedentes en reclamo de democracia y libertad luego de que Ortega retornó en 2007 a la presidencia tras gobernar de 1979 a 1990. Ortega se reeligió tres veces consecutivas para gobernar al menos hasta 2027 como un bastión antiWashington del eje izquierdista de Cuba y Venezuela.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó ayer que su secretario general, el portugués Antonio Guterres, está “muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica”.
Informes de la “redada” sobre el obispo “solo subrayan estas preocupaciones”, agregó.
“Condenamos el secuestro” de Álvarez y otros sacerdotes y laicos ayer en la Curia por parte de “las fuerzas represivas del régimen Ortega-Murillo”, por lo que “exigimos su inmediata libertad y las de todos los presos políticos”, aseguró, por su lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.
La abogada nicaragüense Vilma Núñez, presidenta del (no estatal y ya ilegalizado) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), condenó “enérgicamente el asalto” a una curia y “el secuestro criminal” de Álvarez y demás sacerdotes y laicos.
“Exigimos les respeten la integridad personal y la vida”, tuiteó.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua advirtió que la condición física de Álvarez “está desmejorada”, pero que “su ánimo y su espíritu están fuertes” ante una “difícil situación”.
Sometido junto a 10 sacerdotes y laicos desde el 4 de este mes por Ortega y Murillo a arresto domiciliario en la Curia Episcopal de Matagalpa, capital del norcentral departamento (estado) de Matagalpa, Álvarez y su grupo fueron sacados de ese sitio ayer de madrugada por policías y trasladados a Managua, a unos 131 kilómetros al sur. Del grupo inicial, dos laicos salieron lunes o martes y, de los ocho restantes, siete fueron detenidos ayer, aparte de Álvarez.
El operativo de ayer fue precedido por la constante hostilidad a Álvarez.
El dúo gobernante ejecutó el arresto domiciliario desde el 4 por “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
El régimen rodeó la Curia con policías. Álvarez siguió con sus actos religiosos y los divulgó en redes sociales.
El acoso al obispo recrudeció el primero de agosto anterior, cuando el gobierno clausuró 10 radioemisoras católicas de Matagalpa al aducir que perdieron las licencias, en una medida que desató protestas en esa ciudad que fueron violentamente sofocadas por la policía.
El pleito del régimen con un sector de la cúpula católica, a la que acusó de atizar las protestas de 2018, llegó en 2022 a un panorama sin precedentes. La pareja expulsó en marzo de este año al arzobispo polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico (embajador de la Santa Sede) en Nicaragua desde 2018, por pedir liberar a los 180 presos políticos nicaragüenses.
El gobierno clausuró en junio anterior la Orden de las Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta, al denunciar que violó una ley de “lavado” de activos y de financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
En julio, 18 misioneras fueron expulsadas a Costa Rica. Este año hubo otros choques con sacerdotes católicos.
Calificados como dictadura dinástica, Ortega y Murillo aplastaron las protestas de 2018 con policías y paramilitares y adujeron que, en asocio con una parte de la cúpula católica, la oposición y el gobierno de Estados Unidos fraguaron un golpe terrorista de Estado en su contra.
El tándem gobernante, que controla los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y las fuerzas militares y policiales, negó haber recurrido a la represión. En comicios catalogados internacionalmente como farsa y con sus rivales con casa por cárcel o en prisión o el exilio, se reeligió en noviembre de 2021 para un cuarto quinquenio consecutivo.
Al justificar el operativo de ayer, el gobierno alegó en un parte policial que la acción recuperó “la normalidad” ciudadana y familiar de Matagalpa, en referencia indirecta a la actitud de Álvarez que hace dos semanas describió como odio y desorden.
“Durante varios días se esperó con mucha paciencia, prudencia, y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse y que, al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras, hizo necesario el citado operativo de orden público”, agregó.
Las demás personas en la Curia fueron llevadas, “con respeto” a sus derechos, a Managua para trámites de ley y Álvarez está “en resguardo domiciliar” en esa capital y ayer en la mañana recibió a parientes, añadió.
Al relatar que el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, lo visitó ayer en la mañana y conversaron “ampliamente”, informó que las otras personas cumplen diligencias en El Chipote, tenebrosa cárcel policial capitalina con fama de ser una cámara de torturas.
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