La legislatura de Arizona, de mayoría republicana, ha acogido durante años una serie de teorías infundadas sobre manipulación de resultados electorales desde la derrota de Donald Trump en 2020.
Pero los legisladores llegaron la semana pasada a su límite de tolerancia, cuando una audiencia en materia electoral terminó con una presentación en la que se acusó a una amplia gama de políticos, jueces y funcionarios públicos de aceptar sobornos de un cártel de narcotraficantes de México.
Incluso la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs , y su esposo, fueron señalados de lavar dinero del cártel de Sinaloa. Según la acusación, lo harían a través de escrituras e hipotecas falsas.
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La acusación vino de una agente de seguros invitada a dar su testimonio. Además de Hobbs y su esposo, se señaló a dos miembros de la delegación del Congreso de Arizona, tres supervisores del condado de Maricopa, jueces, funcionarios electos y demás.
Según esto, el “complot” se descubrió al realizar una investigación de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa a través de la compra de viviendas en Illinois, Indiana, Iowa y Arizona.
Las declaraciones fueron una bomba: los líderes republicanos no tardaron el lunes en distanciarse de las acusaciones después de que durante el fin de semana encendieron las redes sociales, en donde distintas cuentas que a menudo comparten afirmaciones infundadas de fraude electoral les dieron una extensa cobertura. Fue un humillante golpe para un movimiento de fraude electoral que a menudo ha encontrado solidaridad, o al menos tolerancia, entre los legisladores republicanos de Arizona.
El presidente de la cámara baja del estado, Ben Toma, y el presidente del Senado, Warren Petersen —ambos republicanos_, culparon de la presentación a la representante Liz Harris, una republicana recién electa que encabezó una labor puerta por puerta en busca de evidencias de fraude electoral tras los comicios de 2020. Su trabajo llamó la atención de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia federal, que advirtió de una posible intimidación de votantes.
“Lo que debió ser una audiencia conjunta para examinar reformas electorales con sentido común se convirtió en un desagradable teatro” , dijo Toma en un comunicado difundido el lunes. “No soy el único que cree que fue un acto irresponsable y de mal juicio que la señora Harris invitara a una persona a presentar acusaciones infundadas y difamatorias en un foro legislativo ”. Harris no respondió a una solicitud de comentarios.
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Los legisladores republicanos estatales le han dado manga ancha a personas que aseguran ser expertos electorales para que compartan afirmaciones infundadas o desacreditadas en el Capitolio. Estas audiencias reciben gran difusión entre la prensa derechista y llevan la marca de un procedimiento legislativo oficial.
La audiencia de la semana pasada fue tan sólo el episodio más reciente en una serie de eventos similares desde el inicio del año, aunque fue el primero en generar una reacción tan fuerte.
El énfasis en las conspiraciones electorales ha persistido a pesar de la contundente derrota que sufrieron los republicanos en las elecciones del año pasado. El Partido Republicano no ganó ninguna de las contiendas a los principales puestos después de que los votantes rechazaron a los candidatos que promovieron mentiras sobre las elecciones.
Aun así, las filas de negacionistas electorales aumentaron en la legislatura después de que republicanos moderados se negaron a buscar la reelección o perdieron en las primarias republicanas.
Petersen dijo que accedió a permitir la controversial audiencia de la semana pasada a petición de Harris y de Toma, añadiendo que el líder de la mayoría, Sonny Borrelli, pidió revisar los materiales antes de su presentación, pero no se le mostraron las acusaciones de soborno.
“Les aseguro que si hubiéramos sabido sobre el reporte, no habríamos permitido que se incluyera”, declaró Petersen en un comunicado. “Definitivamente este no era el escenario apropiado para hacer esas acusaciones ni para evaluar la credibilidad de esas declaraciones”.
Incluso la senadora Wendy Rogers, quien es parte del movimiento nacional “Detengan el Robo” creado por simpatizantes de Trump y que el año pasado se negó a retractarse cuando fue censurada por el Senado, se retractó en esta ocasión. “Hasta donde sabemos, ninguna de las personas nombradas enfrenta cargos, tiene procesos pendientes ni han sido condenadas”, dijo Rogers en un comunicado difundido la noche del domingo. Rogers preside la Comisión Electoral del Senado.
Las acusaciones se produjeron hacia el final de una prolongada audiencia de la comisión electoral en la Cámara de Representantes y el Senado estatal, la cual fue boicoteada por los demócratas. Los señalamientos fueron parte de una presentación de 40 minutos realizada por Jacqueline Breger, una agente de seguros de Scottsdale, quien las atribuyó a un reporte elaborado por John Thaler, a quien describió como un abogado con antecedentes en investigaciones de fraude.
Thaler acusó, sin presentar evidencia confiable, que dos mujeres que trabajaban a nombre del cártel de Sinaloa utilizaron documentos hipotecarios falsos para lavar dinero para una amplia gama de funcionarios, tanto republicanos como demócratas. Detectives de internet descubrieron que las mujeres a las que Thaler acusó de facilitar el fraude eran su exesposa y la madre de ella .
Thaler tiene antecedentes de presentar demandas en las que las acusa de distintas conspiraciones.
Un juez federal desestimó el año pasado una de las denuncias, a la que tachó de “narrativa delirante y fantástica”. Thaler no respondió de momento a un email enviado en busca de comentarios.
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