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La organización estadounidense Human Rights Watch presentó este miércoles en Washington un nuevo reporte en el que documenta ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra comunidades de bajos recursos que han dejado de respaldar la revolución bolivariana en Venezuela.
Aunque el informe hace énfasis en las violaciones a derechos humanos que atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana que se creó en el 2017, también destaca los abusos que vienen cometiendo otras fuerzas de seguridad en este país.
De acuerdo con esta ONG, desde 2016 las fuerzas de seguridad de Venezuela habrían asesinado a casi 18.000 personas por supuestamente ¨resistirse a la autoridad¨.
Y si bien es imposible determinar cuántas de ellas fueron ejecuciones extrajudiciales, tanto la investigación de HRW que incluye entrevistas con familiares y víctimas como la que adelantó la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) permiten inferir que muchas lo fueron y que existe un patrón de conducta que implicaría a varias figuras del régimen, entre ellas el propio Maduro.
El informe recuerda que la investigación de la ONU ya había concluido que muchas de las muertes que el propio gobierno venezolano identificó como ¨resistencia a la autoridad¨ podían constituir ejecuciones extrajudiciales.
HRW
entregó su nuevo reporte a la ONU con la esperanza de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que se encuentra sesionando en este momento en Ginebra, establezca una comisión de investigación para que examine las graves violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en Venezuela.
La ONG también compartió la información con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien en febrero de 2018 inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si correspondía que la corte realizara una investigación exhaustiva.
En septiembre de 2018 varios, países, entre ellos Colombia, presentaron una solicitud formal en respaldo para que se inicie esta investigación.
“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG, tras resaltar que el régimen de Maduro está castigando a los más afectados por la crisis humanitaria y económica, simplemente por que ya no respaldan su gobierno.
Durante julio y junio de este año, HRW entrevistó a familiares de nueves víctimas de abuso por parte de las FAES, revisó actas de defunción y se puso en contacto con abogados, activistas y periodistas que trabajaron estos casos.
¨En todos los casos que HRW investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones . En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria ¨, dice el reporte.
Añade que en todas las ejecuciones investigadas, los familiares testificaron que los agentes alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia, colocando armas o drogas en los cuerpos de sus víctimas para justificar los asesinatos , y luego complicaron el acceso a los cuerpos de sus seres queridos y a los informes de autopsia.
En otro caso documentado, ¨los agentes aplicaron descargas eléctricas a un detenido, lo golpearon y patearon, y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica en la que habían rociado una sustancia química que le provocó picazón e inflamación en el rostro y la garganta¨. HRW sostiene que los casos investigados presentan un patrón de conducta casi idéntico a los que documentó ACNUDH en su informe.
"Acá lo que hay es una política de estado en la que los agentes actúan a plena luz del día haciendo justicia por mano propia, incluyendo por medio de ejecuciones , con total impunidad. No estamos hablando de unos casos aislados cometidos por agentes insubordinados. Estamos hablando de un patrón de conducta que amerita una investigación seria por la justicia internacional, porque en Venezuela no hay justicia, para determinar responsabilidades individuales de los más altos niveles del régimen, incluyendo de Maduro”, dice Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina para las Américas en HRW.
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