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Tras un año de rencillas por el Brexit , en Reino Unido ha llegado el turno del escándalo que la prensa local ha denominado Sexit que ya se ha cobrado el puesto de un ministro, amenaza al número dos de la primera ministra, Theresa May, y puede precipitar una crisis de gobierno en un momento en que las negociaciones con Bruselas para dejar la Unión Europea se encuentran atascadas.
Siguiendo la estela de las revelaciones sobre acoso y abuso sexual, iniciada en Hollywood por el caso del productor Harvey Weinstein, la política británica se ha visto confrontada a los fantasmas de su cultura machista.
El escándalo comenzó con un grupo secreto en WhatsApp. Durante meses, secretarias, becarias y ayudantes de Westminster (sede del Parlamento) documentaron episodios de acosos y abusos a manos de diputados. Todos terminaron reunidos en un dossier anónimo que mezclaba rumores y acusaciones graves en el que se cita a 40 legisladores, entre ellos seis miembros del gobierno.
Se abrieron entonces indagaciones formales y están siendo investigados ocho diputados conservadores y cuatro laboristas por ataques como la violación de una joven militante.
Las denuncias retratan un mundo de hombres poderosos que se aprovechan de jóvenes idealistas. La libertad de los diputados para contratar y despedir asistentes ha incentivado los abusos en un entorno de jornadas interminables, viajes y hoteles donde la frontera entre la vida personal y la privada queda poco clara.
La primera cabeza que se ha cobrado el escándalo es la del ministro de Defensa, Michael Fallon, que la semana pasada dimitió después de que se comprobara que había tratado de propasarse con dos periodistas. Su comportamiento, admitió Fallon, había estado “por debajo de los altos estándares requeridos”.
Otro de los investigados es Damian Green, número dos de May y uno de los políticos clave de su partido que sirve de puente entre los defensores del Brexit duro y los más amigables con Bruselas. Una activista lo acusa de manosearla, y un ex mando policial asegura que en 2008 encontraron pornografía extrema en su ordenador. Green niega ambas acusaciones.
En este marco, el martes se informó que Carl Sargeant, ministro de Comunidad y la Infancia del gobierno regional de Gales, que renunció el 3 de noviembre por acusaciones dentro de este escándalo, fue encontrado muerto.
Este escándalo podría dinamitar el débil equilibrio en el gabinete de May. La primera ministra se dejó buena parte de su autoridad cuando perdió la mayoría absoluta en junio en unas elecciones adelantadas en las que pretendía reforzar su poder de cara al pacto con la UE. Esas negociaciones están atascadas y las distintas familias aumentan la presión sobre May.
“Necesitamos establecer una nueva cultura del respeto en el centro de nuestra vida pública. Una en la que todos puedan confiar en que trabajan en un entorno seguro, donde las quejas puedan plantearse sin prejuicios y las víctimas sepan que éstas serán investigadas adecuadamente”, declaró May esta semana en una reunión con los líderes de todos los partidos para diseñar mecanismos de control contra el abuso sexual. Entre las medidas se estudia un órgano de quejas independiente de la maquinaria de los partidos, también retirarle a los diputados el derecho de contratar y despedir.
La reputación de los parlamentarios en Reino Unido es muy mala, por debajo de otras profesiones denostadas, como los banqueros, los agentes inmobiliarios o los periodistas. El Sexit no ha hecho por mejorarla, pero quienes han impulsado la divulgación del escándalo esperan que sirva para limpiar la cultura política.
Esto dependerá de las decisiones de May. La segunda mujer en dirigir el país, tras Margaret Thatcher, y una firme luchadora contra los prejuicios sexistas, puede verse obligada a elegir entre la estabilidad de su gobierno y la persecución de los culpables. Los laboristas ya han acusado a la conservadora de permisividad con algunos investigados, ya que no ha suspendido a funcionarios como el secretario Mark Garnier, quien envió a una empleada, a comprarle juguetes sexuales.
