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Quito.— Funcionarios de la fiscalía de Ecuador hicieron ayer el reconocimiento e inventario de las pertenencias que dejó el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada en Londres, donde estuvo asilado por casi siete años.
La fiscalía de Ecuador señaló en un comunicado que el objeto fue “identificar e incautar pertenencias (...) que pudieran servir como indicios de la posible comisión de delitos”, procedimiento del cual fueron notificados los abogados del activista australiano.
Carlos Poveda, el abogado ecuatoriano de Assange, dijo que “lo que están haciendo es totalmente ilegal, arbitrario (...) Apareció la decisión de un juez que autoriza la incautación, no nos dan copia siquiera de la autorización, tampoco de la asistencia penal internacional”. Esta asistencia fue solicitada el año pasado por Estados Unidos y a sirve para que ese país pueda recibir las pertenencias del activista y se le pueda investigar.
Poveda destacó que la defensa solicitó que se le permita confirmar si las pertenencias que dicen que son del fundador de WikiLeaks, “le pertenecen o no”, pues tampoco lo permitieron, y rechazó que no autorizaron que haya representantes judiciales de Assange en esta acción de la fiscalía.
La contraloría general de Ecuador notificó, por su parte, que el gobierno gastó 800 mil dólares en la manutención de Assange en la embajada durante los primeros seis años.
