Bruselas.— Para la población migrante en movimiento en México, el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llega sin tener acceso a documentos oficiales y con el peligro creciente de enfrentar la deportación, incidentes de robo o situación de calle como alojamiento, sostiene un reporte publicado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La última encuesta del monitoreo de movimientos mixtos en México realizada por ACNUR, sostiene que en el sur del país, “la no expedición de documentos por parte de autoridades mexicanas continúa generando dificultades para la población en movilidad en el acceso a derechos básicos y aumentando el riesgo de devolución e incidentes de seguridad”.
En tanto que en el norte de la República, “la seguridad sigue siendo una preocupación importante, con un aumento en incidentes de protección dentro de México”.
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La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió en julio pasado 5 mil 115 nuevas solicitudes de asilo, lo que representó un modesto incremento comparado al mes previo, 4 mil 93, y menos de la mitad de lo observado ese mismo mes en 2023, 11 mil 841. Prácticamente, la totalidad de las aplicaciones de asilo fueron presentadas en la frontera sur, 95%. Los hondureños formaron el grupo más grande, 45%, seguido por cubanos con 21% y salvadoreños con 9%.
“El número de solicitudes de asilo presentadas ante la COMAR sigue siendo bajo en comparación con el año pasado. Esta situación se explica, en parte, por la falta de documentación emitida por las autoridades al momento de solicitar asilo, una protección clave contra la devolución, y otros cambios administrativos implementados por autoridades mexicanas en octubre de 2023”.
De acuerdo con ACNUR y sus socios en México, como Save the Children, la situación en los países emisores no ha mejorado, sigue habiendo violencia, inseguridad, falta de oportunidades, alimentos y acceso a la salud. Los datos de la ONU están basados en 611 entrevistas a mil 501 personas realizadas durante julio en 14 ciudades del país, entre ellas Matamoros, Mexicali, Monterrey, Nogales, Piedras Negras, Tijuana, Torreón, Suchiate y Tapachula.
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El 26% de los grupos de migrantes entrevistados viajan con niños menores de 5 años y 38% provenía del norte de Centroamérica, 39% de Sudamérica y 17% del Caribe.
La mitad argumenta que abandonó su hogar por violencia, amenazas o intimidación, mientras que 53% dice que enfrentará persecución o extorsión si es obligado a regresar.
Uno de cada cinco intentó permanecer en Chile, Colombia, Brasil o Perú antes de apostar por México, pero la falta de empleo fue el principal motivo para partir hacia el norte.
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En el camino hacia México, el 60% sufrió por lo menos un incidente; el 38% sufrió robo, el 16% extorsión y el 17% vivió un caso de intimidación.
En México, la situación no ha sido mejor tanto para las personas con intención de quedarse, como las que van de tránsito hacia Estados Unidos.
Una de cinco ha sufrido robo o extorsión durante su estadía, 14% intimidación, 13% secuestro, 8% agresión y 3% detención ilegal.
Si bien dos de tres tiene intención de solicitar asilo en México, solo 4% cuentan con constancia de refugiado o están en trámites con la COMAR, el resto deambula por el país sin documento nacional.
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La ausencia de una protección específica tiene a 36% de los migrantes localizados en las ciudades del sur viviendo en situación de calle.
Si bien la oficina humanitaria precisa que la información, divulgada en un documento creado el 20 de septiembre, no debe verse como una interpretación del total de la población refugiada y migrante en México, sí son datos representativos de la situación de las personas en movimiento.
Además, la información permite identificar a los grupos e individuos de mayor riesgo para brindarles la protección y la asistencia adecuada. Precisa que en el sur, tienen identificadas a 2 mil 196 personas que requieren de protección legal y física, 774 están en condición médica grave y 686 son menores de edad en situación de riesgo.