El rediseño por completo del Poder Judicial, es parte del legado que busca dejar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a tan sólo unas semanas de que concluya su sexenio, señala un análisis del The New York Times.
El drástico ajuste se dará pese a las criticas que dicen que la jugada es una toma de poder dirigida a desgastar la independencia judicial y a expandir el alcance de su movimiento político. El mandatario argumenta que el cambio es necesario para combatir la corrupción.
El cambio podría obligar a más de 5 mil jueces a dimitir de sus cargos, desde aquellos con cargos en cortes locales de distrito, hasta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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La ruptura del Poder Judicial en México es el más reciente punto del mandato de López Obrador durante el cual ha empujado por un cambio radical que, según argumenta, mejorará la gobernanza, pero los críticos advierten que podría poner en peligro la democracia y el Estado de derecho de la nación, señala el texto.
La reforma ha desencadenado protestas en todo el país con la participación de miles de jueces y trabajadores, el descontento llegó incluso por parte del embajador de EU en la que calificó dicha reforma como “un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México”, lo que provocó una riña diplomática entre los dos países sobre si es prudente elegir a los jueces y si Estados Unidos deberían intervenir en el asunto.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, encargada de darle continuidad al proyecto del actual presidente, tomará posesión en octubre y también ha respondido a las críticas, incluyendo a las que tachan a las elecciones como un riesgo para la democracia.
El texto del NYT señala que la determinación de sacar adelante la reforma ha provocado que los mercados tengan una caída del 13% desde principios de junio en el valor del peso mexicano.
Agrega que el debate ha puesto de manifiesto la creciente tensión en México sobre la perspectiva de que López Obrador y su partido político estén tratando de afianzar las ventajas políticas que ahora tienen para un periodo mucho más largo.
Al ser cuestionada sobre sí la reforma podría ser un castigo, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña y con quien López Obrador ha mantenido una fuerte rencilla, no lo descartó y dijo que los cambios ya estaban enviando un escalofrío a lo largo de la profesión legal en México.
Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte y la aliada más cercana a López Obrador en el Poder Judicial, minimizó las preocupaciones sobre los cambios sugeridos, argumentando en una entrevista que eran necesarios debido a una falta de “colaboración” entre los poderes Judicial y Ejecutivo.
Batres dijo que mientras un poder quería construir el otro lo saboteaba, en referencia a las sentencias de las cortes que han frustrado algunos de los planes más ambiciosos de López Obrador, incluyendo las medidas que favorecían a la empresa de energía eléctrica del Estado por sobre las empresas privadas.
Tras las elecciones, en las que el partido del presidente arrasó, logrando asegurar las mayorías legislativas, el panorama cambió ya que se podría obtener los votos necesarios para llevar adelante las propuestas una vez que el Congreso inicie sesiones en septiembre y entonces sus simpatizantes estarían en una posición fuerte para ganar cargos judiciales en las elecciones de reciente creación.
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El New York Times los cambios judiciales propuestos ya están empañando la economía mexicana, que se ha beneficiado de un auge del nearshoring, a medida que las empresas han movido sus operaciones de manufactura a México desde China, lo que ha convertido a México en el mayor socio comercial de Estados Unidos.
Expertos señalan que el temor lo genera la imparcialidad judicial para resolver disputas entre las empresas y el gobierno, lo que podría generar planes de inversión en pausa.
Pese a la buena relación entre el embajador Ken Salazar y el ejecutivo federal está se tambalea a medida que la resistencia a la reforma se concentraba entre los inversores estadounidenses, partes del gobierno de Joe Biden, y entre miembros demócratas y republicanos del Congreso de EU, de acuerdo con Jesús Silva-Herzog Márquez, politólogo del Instituto Tecnológico de Monterrey en México.
Por su parte, Sheinbaum tratando de apaciguar las inquietudes, destacó que muchos estados de EU eligen a sus jueces. Asimismo, se ha destacado que Biden también propone cambios para la Corte Suprema; sin embargo no pide que todo el Poder Judicial sea electo, mencionó el exministro José Ramón Cossío.
Expertos y jueces mexicanos han aceptado que se necesitan cambios para hacer frente a la corrupción, sobre todo en nivel local, sin embargo aseguran que ésta no está diseñada para atacar los problemas más profundos de la corrupción, ni los altos niveles de impunidad que según ellos, tienen que ver más con la falta de recursos para los fiscales y la falta de profesionalización de la policía.
Además de las elecciones judiciales, las medidas reducirían el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, acortarían sus periodos de 15 años a 12 y crearían un tribunal de disciplina judicial, que también se elegirá por voto popular y que tendrá facultades para investigar, sancionar e incluso destituir o enjuiciar a los ministros.
El texto del NYT menciona que algunos aspirantes a jueces, que a menudo trabajan como secretarios o en puestos administrativos en los tribunales de México mientras reciben capacitación, están en estado de conmoción de ver sus trayectorias profesionales pausadas, y que expertos jurídicos señalan que la reforma podría ocasionar un desastre, como lo fue en Bolivia.
Recordaron que cuando el expresidente Evo Morales tuvo éxito en que los magistrados del Tribunal Supremo y miembros del Consejo de la Magistratura, órgano que nombra y destituye a los jueces, fueran elegidos a partir de listas de candidatos hechas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sus aliados políticos llenaron las listas con candidatos afines al gobierno y utilizaron los tribunales para acosar a los oponentes políticos.
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El análisis noticioso del periódico estadounidense recuerda que el presidente mexicano en múltiples ocasiones ha atacado al Poder Judicial, criticándolos en sus conferencias mañaneras por decisiones específicas, así como debilitar al organismo electoral.
Señala que sus aliados también tienen previsto impulsar otras iniciativas de gran alcance en las próximas semanas. Estas incluyen cerrar el instituto creado para defender las leyes de libertad de información y otro diseñado para coordinar los esfuerzos anticorrupción en los tres niveles de gobierno.
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