La situación de Nicaragua se tornó tensa debido a que el pasado 22 de noviembre el Congreso aprobó una reforma constitucional que concede al presidente Daniel Ortega un control absoluto en los poderes del Estado.
De acuerdo a la ley aprobada por la Asamblea Nacional, el mandato presidencial se extiende de cinco a seis años y se establece que todos los derechos fundamentales puedan ser suspendidos durante un estado de emergencia. Asimismo, permite la intervención del ejército en la acción policial interna, todo bajo solicitud del gobierno si argumenta que "la estabilidad del Estado lo exige".
Sin embargo, además de estas enmiendas polémicas, la reforma a la Constitución nicaragüense que más ha causado controversia es el hecho de que el cargo de vicepresidencia ahora será copresidencia; es decir, Rosario Murillo, cónyuge de Ortega, ahora desempeñará las mismas funciones que el mandatario.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU alertó que estas modificaciones otorgan al gobierno de Daniel Ortega "un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación".
Para los expertos en Derechos Humanos, el cambio constitucional aceptado unánimemente por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional tendrá consecuencias "nefastas y trascendentales" hacia el pueblo nicaragüense.
Régimen afianza persecución contra opositores
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que, en Nicaragua, la situación de los derechos humanos se deterioró drásticamente en 2024 con un incremento notable en las detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, agresiones contra comunidades indígenas y malos tratos bajo custodia.
Según información de la ONU, las autoridades del país persiguen no sólo a quienes sostienen opiniones de disidencia, sino también a cualquier persona u organización que se desarrolle de manera independiente y no ceda ante el autoritarismo de Daniel Ortega.
Durante el año, recibieron acoso institucional personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad que abogue por cambios sociales sin aprobación gubernamental.
Del mismo modo, la organización expuso que, más allá de las privaciones arbitrarias de la libertad, el hostigamiento alcanza también a los familiares de los detenidos, a quienes se les prohíbe hablar y pedir ayuda, bajo amenazas de perder el derecho de visita o incluso encarcelar a otros familiares.
Al menos 62 ciudadanos nicaragüenses fueron impedidos de regresar el país, según un informe de la ONU que abarca un periodo hasta junio; por ende, la cifra actualmente puede ser de hasta del doble. Este destierro forzado aleja familias y vulnera la protección de las garantías individuales.
En septiembre, las autoridades propusieron un proyecto de ley que permitirá el procesamiento de personas en el extranjero por presuntos delitos como lavado de dinero, terrorismo y su financiación; asimismo, incluye delitos cibernéticos. Estas leyes podrían ser utilizadas para presionar e intimidar todavía más a los nicaragüenses exiliados en el extranjero.
Daniel Ortega contra la libertad religiosa
La libertad religiosa y de culto en Nicaragua sufrió múltiples deterioros y agravantes en el transcurso de 2024. Entre diciembre de 2023 y enero del año en curso, por lo menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron detenidos de manera arbitraria.
En el primer trimestre del año, 31 clérigos fueron expulsados del país tras permanecer bajo arresto injustificadamente.
Además del hostigamiento a ciudadanos, las autoridades del país también se han encargado de revocar la personalidad jurídica a organizaciones religiosas. De acuerdo a un informe de la ONU, hasta el mes de agosto se cerraron mil 700 organizaciones, lo que se consolidó como el golpe crítico más severo inflingido a la sociedad civil.
Desde 2018, el número total de organizaciones disueltas por el régimen asciende a más de cinco mil. Volker Türk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, subrayó que en Nicaragua existe una "crisis multifacética" y sugirió un cambio de rumbo urgente por parte del Gobierno; sin embargo, aquella petición ha sido ignorada por el presidente.
A pesar de estas amenazas contra la libertad de culto, medios de comunicación oficiales del Gobierno difundieron el 7 de diciembre fotografías de Daniel Ortega y Rosario Murillo celebrando la tradicional Gritería, festividad Católica nicaragüense en honor a la Purísima e Inmaculada Concepción de María.
Los opositores del país criticaron esta conmemoración de parte de los mandatarios, debido a que contrasta con la realidad del país, donde la iglesia católica es reprimida por orden presidencial.
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