Colombia fue testigo estos 12 meses de una serie de escándalos que sacudieron la administración del presidente Gustavo Petro, con dos sucesos clave que tuvieron relevancia mediática y captaron la atención pública, no sólo de sus habitantes, también a nivel global.
Entre estos, se encuentran las controversias que involucran a su hijo y la renuncia de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entre otros eventos que ilustran parte de la crisis política que experimentó el país colombiano este año durante el mando del presidente.
Hijo de Petro denunciado por supuestas irregularidades en proyecto hidroeléctrico
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó el mismo día de su dimisión una carta a la Fiscalía en la que denuncia irregularidades que implican a Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente, y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. En este documento, se sostiene que Alcocer intentaba ejercer presiones indebidas en la junta de Ecopetrol para favorecer a amigos cercanos. Por su parte, Roa, quien ya se encuentra bajo investigación por irregularidades en la financiación de la campaña de Petro, habría estado buscando apoderarse de recursos del sector energético.
El proyecto hidroeléctrico Urrá, se ha convertido en el centro de estas acusaciones. El contrato, firmado el 21 de julio de 2021, tenía como objetivo la construcción del Parque Solar Urrá 19,9, que debía estar operando en septiembre de 2022, pero aún no ha sido inaugurado formalmente. Tras la firma del contrato, el consorcio responsable presentó múltiples reclamos a Urrá, exigiendo millones de dólares por supuestas pérdidas económicas.
Además, informes obtenidos por la revista impresa Semana revelan que amigos de Alcocer, a pesar de su inexperiencia, solicitaron compensaciones económicas significativas. Este escándalo también ha puesto en evidencia la relación entre los contratistas y el interventor del contrato, Leonardo Boon, quien ha sido visto en redes sociales compartiendo con otros involucrados, lo que sugiere un posible conflicto de interés.
La empresa de uno de estos contratistas intentó obtener diseños adicionales para un contrato que muestra avances deficientes.
Urrá SA ha respondió a estas acusaciones mediante un comunicado oficial, en el que niega haber recibido presiones de Roa o Alcocer para beneficiar a terceros en la adjudicación de contratos relacionados con proyectos de transición energética.
La denuncia realizada por el exministro Bonilla añade una capa más de complejidad a una situación ya tensa, cuestionando la integridad de las instituciones involucradas y la transparencia en la gestión de recursos públicos en Colombia.
Este escándalo se suma a la controversia que rodea a Nicolás Petro, el primogénito del presidente, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero y se encuentra bajo arresto domiciliario.
Petro y los cargos sobre su campaña presidencial
Apenas en octubre pasado, otro escándalo cimbró a la administración de Petro: su gobierno presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar su campaña presidencial de 2022 por presuntas violaciones a los límites de financiamiento. Petro calificó esta investigación como el inicio de un "golpe de Estado".
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Las indagaciones preliminares señalan que el gasto de la campaña de Petro superó el límite legal. En su defensa, el presidente argumenta que los aportes, provenientes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO), fueron destinados a su partido, Colombia Humana, y no directamente a su campaña.
Además, el CNE ha señalado otros mil 600 millones de pesos en gastos excesivos durante la segunda vuelta electoral. Petro sostiene que los pagos a testigos electorales no deben considerarse gastos de campaña, ya que el conteo de votos se realiza después de las elecciones. También mencionó que una auditoría externa, contratada por el propio CNE, validó las cuentas 30 días después de las elecciones, respaldando la veracidad de su financiamiento.
Renuncia del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla aumenta tensión
Apenas hace unos días, Ricardo Bonilla presentó su "renuncia irrevocable" como ministro de Hacienda a petición del presidente Petro. Esta decisión se produjo en medio de un clima de tensiones y acusaciones que afectan tanto al mandatario como a su cercano colaborador, complicando aún más la crisis política que vive el país.
Bonilla ha estado bajo el escrutinio público debido a su supuesta implicación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Acusaciones revelaron que Bonilla habría autorizado el desembolso de 46 mil 800 millones de pesos (aproximadamente 11.7 millones de dólares) para la compra de camiones cisterna destinados a llevar agua potable a regiones necesitadas, específicamente en el desértico departamento de La Guajira.
Además, un chat divulgado por Noticias Caracol sugiere que el exministro pudo haber coordinado contratos por 92 mil millones de pesos (cerca de 23 millones de dólares) a favor de seis congresistas, a cambio de apoyo político para el gobierno.
Pese a lo grave de las acusaciones, Bonilla no ha sido formalmente acusado por la Fiscalía, pero se encuentra bajo investigación. En una notable evolución de las circunstancias, Petro, quien previamente había defendido a Bonilla y elogiado su capacidad profesional, decidió solicitar su renuncia.
Además, el 5 de diciembre de 2024, Ricardo Bonilla, una vez que acababa de dejar su puesto como ministro de Hacienda, presentó una acusación de supuestas irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Urrá, que incluye a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro.
Un enfrentamiento más entre Petro y Milei
Otro de los conflictos políticos que Gustavo Petro se enfrentó este año fue su intensa pelea con su homólogo de Argentina, Javier Milei
Su último encontronazo fue en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Petro reveló que, en el transcurso de este encuentro, tuvo un enfrentamiento con Milei, pero no hubo evidencia, ya que presuntamente la delegación argentina ocultó los videos del incidente. La disputa surgió cuando Petro defendió la importancia del trabajo conjunto para el progreso de los países, contrastando con la visión individualista que Milei promueve en Argentina.
Petro, además, refiero a la idea que la televisión argentina pregona como discurso disruptivo y lo calificó como “anacrónico”, argumentando que no se puede avanzar a través de una competencia aislada entre individuos que buscan perjudicar a los demás.
Este enfrentamiento no es aislado, ya que las tensiones entre ambos líderes han sido frecuentes. En marzo de este año, Colombia expulsó a diplomáticos argentinos en respuesta a los constantes ataques verbales de Milei hacia Petro, quien fue llamado "asesino terrorista".
Aunque esta medida fue revocada posteriormente, refleja la delicada relación entre ambos gobiernos. Además, en septiembre, Petro criticó indirectamente a Milei durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, cuestionando su lema "Viva la libertad, carajo" y denunciando cómo la política se ve sometida al poder de las élites económicas. Estas tensiones continuas evidencian la marcada oposición ideológica entre ambos líderes de Estado y el impacto que estas diferencias tienen en las relaciones bilaterales.
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