San José
América Latina y El Caribe cerrarán el primer semestre de 2020 enfrentados a una intersección vital: el incesante azote del coronavirus, el agravado conflicto del cambio climático y la agudizada desigualdad social ya se cruzan con la creciente duda de si la prioridad será impulsar una reconstrucción económica sin importar los daños ambientales.
Cuando los países latinoamericanos y caribeños entren a la fase de pospandemia, con velocidades y pautas acordes a su entorno interno, deberán definir las preferencias entre el rescate, a cualquier costo, de la actividad productiva o la defensa, a ultranza, de la conservación del medio ambiente natural.
“No puede haber una salida viable que respete los límites biofísicos y las capacidades regenerativas de la naturaleza”, aseguró la boliviana Cecilia Requena, profesora de Ecología Política en la (estatal) Universidad Mayor de San Andrés, de Bolivia. “Las salidas socioeconómicas más prometedoras se sustentan en ecosistemas saludables o en procesos que los regeneran”, dijo Requena a EL UNIVERSAL.
“La salud de la humanidad, de la economía y de los ecosistemas son dimensiones de un mismo sistema. No haber entendido algo tan elemental nos ha traído hasta este tiempo signado por múltiples [tribulaciones] ecológicas convergentes”, añadió la especialista.
En referencia al incesante fenómeno del calentamiento global, el costarricense Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la (no estatal) Fundación Neotrópica, de Costa Rica, recordó que “cuando el Covid-19 sea controlado, la crisis climática no habrá pasado”.
El reto será entre un modelo “con énfasis” en una productividad malentendida como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), “sin consideraciones sociales y ambientales” o uno “que tal vez crezca un poquito menos”, pero con mayor capacidad de adaptación “social y ambiental” a escenarios adversos, agregó. La idea de escoger entre ambiente y reactivación “descansa” en una “falsa” creencia de que sólo hay bienestar social con el “necesario” crecimiento continuado de la economía por el incremento poblacional y del consumo, afirmó Aguilar.
“Es posible que las aspiraciones de consumismo ilimitado sean disminuidas por una tendencia natural de aversión al riesgo”, por la “posibilidad real” de que habrá tormentas sanitarias similares, aseveró.
Organismos multilaterales pronosticaron que, por impacto socioeconómico de la enfermedad, en las naciones latinoamericanas y caribeñas, subirán los índices de pobreza, desempleo y subempleo o informalidad en un aparato productivo en deterioro y que, previamente a 2020, mostró un severo y generalizado retroceso.
Para la canadiense-salvadoreña Denise Brunet, directora de la (no estatal) Asociación Equipo Maíz, de El Salvador, será inoportuno “aplicar ciertas políticas ecologistas de economía verde con algún respeto al ambiente. Es sólo un maquillaje para tener un poco la conciencia tranquila”.
Los gobiernos que antes del virus armonizaron políticas económicas y ambientales por el “bien común” de sus habitantes, las “profundizarán”, porque “han valido la pena”, explicó Brunet a este periódico.
“Pero los gobiernos con políticas para fortalecer a la gran empresa privada a costa de trabajadores y de ambiente tampoco cambiarán esa mentalidad”, subrayó.
La ruta “a la vueltade la pandemia deberá ser alentada exclusivamente por la ética: generar una sustentación económica con dignidad a las mayorías empobrecidas”, alegó por su lado el ambientalista chileno Claudio Escobar, de la (no estatal) organización ecologista Coordinadora No Alto Maipo de Chile.
Si la vía para recuperarse “significará hacer más de lo mismo, será un chiste cruel en una paradoja insostenible. La protección ambiental está pidiendo, a gritos, ser una posibilidad (...) Hemos elegido malas formas para vivir. Son erróneas: no es posible que el desarrollo sea una guerra en contra del planeta, en vez de un planeta más cercano a lo vivo y a lo orgánico que a lo mecánico”, lamentó.