Con el pueblo guatemalteco volcado en las calles en contra de la corrupción política y de la impunidad, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quedó ayer acorralado mientras su gestión se tambalea y entró a una cuenta regresiva porque el Congreso de la República podría retirarle mañana su inmunidad para obligarlo a dimitir y a que se someta a la justicia por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito.
Una mayoría de bancadas parlamentarias acordó ayer reabrir mañana, a partir de las 10:00 horas locales (11:00 en el centro de México), el caso contra Morales y volver a debatir si se le retira la inmunidad. Con 158 miembros, el Congreso requiere de una mayoría calificada de 105 votos a favor para levantarla.
En una votación el lunes 11 de este mes, 104 legisladores rechazaron quitar el fuero a Morales, pero el proceso quedó abierto porque se requerían 105 para cerrarlo definitivamente, por lo que los diputados votarán mañana si aprueban despojar del privilegio al gobernante, cuya gestión de cuatro años cumplió 20 meses el pasado 14 de septiembre. Si renuncia, sería sustituido por el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera.
Morales, quien acude esta semana a la Asamblea General de la Organización la ONU, fue acusado el 25 de agosto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento electoral ilícito, por recibir donaciones anónimas para su campaña de 2015 por más de 922 mil dólares que nunca reportó al Tribunal Supremo Electoral.
El presidente adujo el 29 de agosto que está dispuesto a enfrentar a la justicia por sus actos como secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN—Nación), que lo postuló a la presidencia en 2015 y con el que ganó. Si dimite, Morales emulará al guatemalteco Otto Pérez Molina.
“Guatemala entró a una crisis como la de 2015. Sin inmunidad, lo más probable es que el presidente tenga que renunciar: entra en una espiral insostenible como gobernante”, dijo Manfredo Marroquín, delegado en Guatemala de Transparencia Internacional, organización global anticorrupción. “Estamos en el mismo lugar de hace dos años. Morales empieza a caer en picada”, narró a EL UNIVERSAL.
El legislador Javier Hernández, jefe de fracción del FCN-Nación, alegó: “Sería injusto que para lavarnos la cara estemos entregando al presidente”, en alusión a que 107 diputados, sin éxito, emitieron el miércoles pasado dos decretos de reforma penal para blindar a la clase política —incluido Morales— y eximirla del delito de financiamiento electoral ilícito. La maniobra fue fallida, ya que los legisladores tuvieron que retractarse.
Múltiples sectores guatemaltecos acudirán hoy a un paro nacional para exigir la renuncia de Morales y de los 107 diputados. El lío estalló el 22 de agosto, cuando Morales declaró “no grato” al colombiano Iván Velásquez, jefe de CICIG, aunque fracasó en su intento de expulsarlo.