Bruselas.— El despacho del fiscal especial Karim Khan llega a la sesión anual de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) acumulando 13 comunicaciones recibidas sobre presuntos crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos en México por fuerzas estatales y agrupaciones beligerantes.
La última comunicación, enviada con la intención de que el fiscal inicie un examen preliminar sobre la situación en México, llegó recientemente al escritorio de Khan y fue la primera que incluye supuestos delitos cometidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hasta entonces, todas las comunicaciones entregadas al tribunal de La Haya se habían enfocado en crímenes registrados en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El dossier enviado por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA) está basado en datos y entrevistas que forman parte de una investigación realizada por Jacobo Dayán, Paris Martínez y Daniel Moreno, que analiza el actuar de integrantes de las fuerzas de seguridad, en particular del Ejército, la Marina y las policías federal y estatales durante los últimos tres sexenios.
En total, identifica mil 854 personas asesinadas o desaparecidas por policías o militares durante el periodo de 2006 a 2022. Ninguna de las personas tenía un vínculo criminal y el índice de impunidad de los delitos documentados supera 96%. Los casos a revisión de la CPI, que no tiene plazo definido para verlos, evidencian que los crímenes no se limitan a ciertas entidades, sino se expanden por todo el territorio nacional y tienen lugar en un contexto en el que se han registrado más de 420 mil homicidios con arma de fuego y más de 115 mil desapariciones atribuidas a autoridades y grupos criminales.
“El reporte, al igual que los otros que se han presentado, identifica patrones de comportamiento criminal de las autoridades federales y estatales, y los crímenes se cometen prácticamente en la totalidad de las entidades federativas”, sostiene José Antonio Guevara, miembro del Consejo Directivo del CICA. “Con esto se constata que no pueden hablar de casos aislados, como pretenden las autoridades”, sino que hay una política para cometer crímenes y el gobierno sigue dando la orden.
A partir de que el abogado Netzai Sandoval avisara a la CPI por los crímenes de lesa humanidad cometidos en México en nombre de un movimiento contra la violencia en 2011, el archivo sobre el episodio más oscuro de la historia moderna del país ha ido creciendo.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha presentado siete comunicaciones, la primera en 2012 sobre la situación en México y la última en 2021 sobre la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad, perpetrados por elementos de las fuerzas federales del Estado entre diciembre de 2006 y diciembre de 2018.
La CMDPDH ha puesto bajo aviso a La Haya sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, Baja California y Coahuila, así como de la existencia de un conflicto armado no internacional. La organización civil mexicana Litigio Estratégico en Derechos Humanos ha contribuido con dos investigaciones. Una sobre la estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad, entre junio y septiembre de 2017, y otra sobre desapariciones forzadas cometidas por la fuerza pública en Veracruz en 2012-2016.
El entonces senador Armando Guadiana Tijerina tocó las puertas de la capital de la justicia internacional en 2016 reportando crímenes lesa humanidad en Coahuila; la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en 2018 presentaría pruebas sobre crímenes de lesa humanidad en el estado entre mayo de 2006 y agosto de 2007, y Reporteros Sin Fronteras en 2019 llamaría la atención sobre crímenes de lesa humanidad contra periodistas entre 2006 y 2018.
Probablemente, las siguientes comunicaciones sean sobre desplazamiento interno forzado por organizaciones criminales y el reclutamiento de menores de 15 años para la realización de actividades delictivas, como el sicariato.
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“Estoy convencido de que la fiscalía tiene los elementos suficientes para creer que crímenes de competencia de la Corte se han cometido en México, y que tiene convencimiento pleno de que no hay voluntad, ni capacidad de las autoridades de procesar, investigar y sancionar”, sostiene Guevara, quien por años ha realizado trabajo de incidencia ante La Haya. “Así que tiene la información en sus manos para solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares el inicio de una investigación sobre México”.
La fiscalía podría iniciar el proceso por crímenes cometidos por el Estado, por organizaciones criminales, por hechos ocurridos en determinadas entidades del país o por fenómenos criminales, como desapariciones, torturas, ejecuciones y desplazamientos forzados durante cierto periodo.
Guevara confía en que después de las investigaciones iniciadas sobre la situación en Venezuela y Filipinas, toque el turno de México, en donde la posición del Estado ha evolucionado de una negacionista y virulenta, con Calderón Hinojosa y Peña Nieto, a una de auténtico desentendimiento. Guevara sostiene que el caso mexicano representa para la CPI una oportunidad para demostrar que no está atrapada por intereses políticos, sino que se rige por los principios de la justicia universal.