Washington.— Gran parte del duelo se cura con el tiempo, pero cuando alguna pieza falla, cuando hay algo que no encaja, cerrar la cicatriz es más complicado. Es lo que viven varias familias de víctimas de los atentados del 11 de septiembre, que llevan dos décadas con esa herida sin sanar, sufriendo por la falta de respuestas de un suceso que les quitó a sus seres queridos y con la certeza de que el gobierno les oculta información.
Desde hace años, asociaciones de familiares de víctimas iniciaron una demanda judicial contra el gobierno de Arabia Saudita, al cual acusan de haber patrocinado a los terroristas que perpetraron el atentado. Para ellos, el hecho de que 15 de los 19 fueran sauditas es prueba suficiente, a pesar de que la comisión congresional del 11-S no encontrara evidencia clara de que el gobierno saudita apoyara los ataques.
“Parte de nuestro dolor radica en aún no saber el alcance total de quién estuvo involucrado en la planificación de los ataques, quién apoyó a los atacantes y quién se benefició de este acto atroz”, expresó Larry Cosme, de la asociación federal de agentes de la ley.
“Si nuestro gobierno se está aferrando a documentos que podrían agregar contexto a lo que ya se reveló en el Informe de la Comisión del 11-S, entonces esos documentos deberían estar disponibles. Solo con total transparencia pueden las familias y los servicios de emergencias del 11 de septiembre obtener las respuestas que merecen para ayudar a avanzar en su proceso de curación”, añadió.
Desde hace 20 años, persiguen tener más información para esclarecer qué pasó, quién estaba realmente detrás de los ataques. El hecho de que las tres administraciones que han gobernado en este tiempo (Bush hijo, Obama y Trump) se negaran a revelar los documentos, incluso tratando de bloquear solicitudes y leyes con amplio apoyo del Congreso, inquieta a los familiares de víctimas.
“Es lamentable que el Congreso de Estados Unidos necesite introducir una legislación para obligar a la administración Biden a dejar de encubrir el Reino de Arabia Saudita”, dijo Brett Eagleson, cuyo padre murió en las Torres Gemelas de Nueva York cuando tan solo tenía 15 años.
La paciencia de las asociaciones de víctimas está a un límite tal que incluso pidieron al presidente Joe Biden que no acudiera a la conmemoración de la efeméride si no desclasificaba los documentos. “Desde la conclusión de la Comisión del 11-S en 2004, se han descubierto muchas pruebas en la investigación que implican a funcionarios del gobierno saudita en el apoyo los ataques”, describía un grupo de víctimas, en una carta enviada al mandatario a principios de agosto.
La Casa Blanca reaccionó casi al instante, comprometiéndose a revisarlos con el objetivo de calmar la tensión de los familiares y cumplir su promesa electoral.
El pasado 3 de septiembre, Biden firmó un decreto para levantar el secreto de varios de los documentos relacionados con el 11-S.
La orden ejecutiva indica que “los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadounidenses. Es, por tanto, crítico asegurarnos de que el gobierno de Estados Unidos maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando donde sea necesario y esté estrechamente definida”.
El decreto instruye al Departamento de Justicia y a otras agencias del poder ejecutivo que comiencen la revisión de desclasificación y requiere que los documentos desclasificados sean publicados en los próximos seis meses.
“Cuando me postulé a la presidencia, me comprometí a garantizar la transparencia sobre la desclasificación de documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Al acercarnos al vigésimo aniversario de ese trágico día, estoy cumpliendo con ese compromiso”, dijo Biden tras firmar el decreto.
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