Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que reactiva a política migratoria Quédate en México , el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "dijo que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana".
Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que "el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implcación directa en la gestión migratoria del gobierno de México".
Velasco Álvarez destacó que "en apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el gobierno de México no se posiciona respecto" a ese fallo.
También adelantó que "el gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de EU, a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera con México.
"México reitera la importancia de atender las causas estructurales de la migración", mencionó.
Antes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que este miércoles no acompañará a migrantes a Estados Unidos luego de que el Supremo de ese país avalara el restablecimiento del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) o Quédate en México.
El programa permitió que los solicitantes de asilo , en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso a la frontera con México a la espera del resultado de sus trámites de ingreso.
La administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a esta controvertida política.
Tras pasar por varias instancias judiciales, el gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la reinstalación del programa.
En una breve orden sin firmar, el máximo tribunal indicó el martes que "la solicitud de suspensión... está denegada".
Según el documento, los tres jueces progresistas de la corte, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, dijeron que habrían permitido la suspensión de esa norma. El caso ahora puede trasladarse a un nivel judicial inferior en un tribunal de apelaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Joe Biden dijo que "lamenta que la Corte Suprema se haya negado a conceder una suspensión".
Agregó que "mientras continúa el proceso de apelación, sin embargo, el DHS cumplirá con la orden de buena fe".
La cancillería de México confirmó la noche del martes que fue notificada por el DHS sobre la resolución judicial y que ambas instituciones intercambiarían información.
En tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones, acampando en una plaza pública de la ciudad de Reynosa, limítrofe con Texas, expresaron su angustia ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación.
"Estamos en una frontera peligrosa, en que no estamos seguras (...) estamos durmiendo en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump", dice la hondureña Daniela Díaz, quien no ha visto una mejoría con las políticas migratorias de Biden.
En el campamento, cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas cinco mil personas viven hacinadas en gastadas tiendas de campaña, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas ONG.
"Si no hay una ayuda de aquí, de esta semana a la otra semana, yo me voy para Honduras, me regreso porque aquí estoy como un perro", dice, indignado, Edilberto Fernández.
Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también desaprobaron la orden de la Corte Suprema.
El fallo del máximo tribunal que obliga al restablecimiento de la política Quédate en México "es como mínimo cruel", dijo Yael Schacher, asesor jurídico para Estados Unidos de la organización Refugees International. "La administración Biden no debería ver esta decisión como una orden".
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