Buenos Aires .- La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada este martes a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante su presidencia entre 2007 y 2015.
El fallo judicial tiene un fuerte impacto ya que es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones y porque la dirigente peronista es la figura política más relevante de los últimos 20 años. Sin embargo, no conlleva su arresto inmediato porque la sentencia puede ser apelada ante distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.
Un tribunal federal integrado por tres jueces condenó a Fernández de Kirchner y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos tras hallarla culpable del delito de administración fraudulenta - defraudación al Estado - por unos mil millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos consecutivos unas 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado.
La condena tiene un fuerte impacto en Argentina porque Fernández de Kirchner, de 69 años, es la figura política más importante de los últimos 20 años. Fue legisladora, presidenta durante dos mandatos consecutivos y ahora vicepresidenta, además de líder de un sector centroizquierdista dentro del peronismo con gran capacidad de movilización en las calles. Es además la primera condena para un vicepresidente en ejercicio del poder y viene precedida por el frustrado atentado que sufrió el 1 de septiembre por el cual tres jóvenes están detenidos y procesados . Se prevé que la sentencia genere una profundización de la grieta que divide a la sociedad entre kirchneristas y antikirchneristas.
Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de condena en su contra. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas. En la actualidad, un tribunal superior analiza si reabre una causa en la que la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos sin que se llevara a cabo un juicio oral y público por la acusación de lavado de dinero .
No por el momento. La condena solo empezará a ejecutarse una vez que esté firme; esto quiere decir, una vez que ya no queden más recursos ordinarios ni extraordinarios posibles. El fallo puede ser recurrido ante la Cámara Federal de Casación Penal y, después, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . En el caso de Cristina Kirchner, además, ella no podría ser detenida porque la protegen sus fueros de vicepresidenta al menos hasta el 10 de diciembre de 2023.
Mientras Cristina Kirchner siga siendo vicepresidenta tendrá fueros, incluso ante una pena de prisión y si su condena quedara firme. En ese caso, se configuraría una causal de juicio político. Esas causales son el mal desempeño de las funciones y la comisión de delitos en el ejercicio del cargo o fuera de la función pública. Entonces, incluso con condena firme, sería necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para sacar a la vicepresidenta de su cargo a través del procedimiento de juicio político . Y lo mismo rige si la condena quedara firme con ella ejerciendo otro cargo que también le otorgara fueros. Si en las elecciones del año próximo decidiera ser candidata a presidenta, estaría asumiendo el riesgo de perder esos fueros en caso de no ganar. Si fuera candidata a senadora, tendría muchas chances de ganar una banca y retenerlos.
El 19 de febrero próximo Cristina Kirchner cumplirá 70 años. La ley establece determinados supuestos en los que el juez de ejecución “podrá disponer” (no es automático) el cumplimiento de la pena impuesta en prisión domiciliaria . Uno de ellos es que el condenado sea mayor de 70 años.
Solo si antes de las elecciones es condenada con un doble conforme (es decir, con dos sentencias condenatorias sucesivas) y siempre que la condena esté firme. Esa es la jurisprudencia vigente de la justicia electoral.
En un hipotético escenario en el que Cristina Kirchner fuera elegida el año próximo para un nuevo cargo y suponiendo que una vez que lo estuviera ejerciendo quedara firme la condena en su contra, surgiría un conflicto institucional. No hay antecedentes de una situación semejante. En primer lugar, se debatiría -vaticinó un funcionario de la justicia electoral- si la inhabilitación puede aplicarse a un cargo electivo que ya se está ejerciendo. Hay constitucionalistas que sostienen que la inmunidad que dan los fueros es solo de arresto y no protegen frente a una condena firme de inhabilitación. Sin embargo, un experimentado exsenador opositor dijo a La Nación que en la práctica es impensable que pudiera ser destituida sin que interviniera el Congreso , donde debería reunirse una mayoría calificada para removerla.
El mandatario ha defendido la inocencia de la vicepresidenta , uno de los pocos puntos de coincidencia con su compañera en el poder con la que mantiene una fría relación por discrepancias sobre la gestión gubernamental. Fernández ha dicho que la justicia ha perseguido sistemáticamente a la exmandataria.
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La doctrina mayoritaria entiende que sí, pero hay constitucionalistas que sostienen que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados . El indulto no requeriría esperar que la condena quede firme. Pese aunque hay constitucionalistas que advierten que no corresponde, en Argentina la Corte avaló el indulto incluso a procesados. Y no es necesario que el beneficiado lo acepte. Antes de asumir la presidencia, Fernández descartó una decisión semejante respecto de su vicepresidenta. “El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, dijo.
El kirchnerismo se ha declarado en estado de alerta y movilización desde que los fiscales solicitaron la condena. Dentro de ese movimiento no existe unanimidad acerca de si es pertinente una movilización masiva en respaldo a la vicepresidenta debido a que fue víctima de un atentado fallido hace tres meses en las inmediaciones de su domicilio durante una muestra de respaldo de sus simpatizantes. Algunos sindicatos afines al gobierno han manifestado su intención de volcarse a las calles y hacer huelgas por tiempo indefinido. * Con información de La Nación GDA
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