San José.— Francisca llegó en 2002 a la cúspide de una continuada y múltiple agresión social en Chile: ser mujer, ser madre soltera, ser abandonada por el padre de su único hijo, ser jefa de hogar, ser pobre, ser campesina, ser indefensa y ser esterilizada sin su consentimiento, bajo anestesia, por… ser portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Chilena, ahora de 40 años y con un hijo de 20, Francisca logró casi lo impensable para una persona de sus condiciones. Chile accedió finalmente en agosto de 2021 a ofrecerle disculpas públicas por lo que “es” —mujer, madre orgullosa, lideresa casera, humilde, valiente y empoderada— tras un encadenamiento de ataques físicos, mentales, socioeconómicos.
“Debe quedar claro que yo no fui la única y que todavía enfrentamos discriminación en el sistema de salud”, denunció Francisca al recibir en mayo de 2022 la solicitud de excusas del presidente de Chile, Gabriel Boric, en un Acuerdo de Solución Amistosa entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado chileno.
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“Recibo las disculpas que me ofrece el Estado como un compromiso conmigo y con todas las personas que pasaron por una historia parecida debido a que vivimos con VIH. (…) Me da alegría saber que mi caso pueda servir para acabar con los estereotipos sobre las personas que vivimos con VIH y para que mejore la atención en salud a otras mujeres”, agregó.
Francisca arrastra una historia ejemplar en América Latina y el Caribe en el entorno del recuerdo hoy, Día Mundial del Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Chile admitió su culpa por violar los derechos humanos de Francisca en 2002, cuando personal chileno de salud le arrebató su capacidad de gestar, y por no garantizarle derechos de integridad personal, justicia, protección de honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión, protección a la familia, igualdad ante la ley y a estar libre de violencia de género.
Chile reconoció que a Francisca se le vulneraron sus derechos por ser mujer, vivir con VIH, pobre y de zona rural. El acuerdo obligó al Estado a modificar el “contexto de desigualdad estructural” que causó el drama de Francisca y respetar los derechos sexuales y reproductivos.
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Entre otras medidas de “no repetición”, el Estado debe difundir directrices de esterilización femenina y masculina, rechazar que se discrimine a personas con VIH y adiestrar al personal de salud, judicial y administrativo en derechos sexuales y reproductivos.
Hermetismo
Las organizaciones no estatales que socorrieron a Francisca —Vivo Positivo, de Chile y el Centro de Derechos Reproductivos, institución mundial con subsede en Colombia— confirmaron a EL UNIVERSAL que se abstuvieron revelar las identidades reales de ella y de su hijo para evitar que sean exhibidos y nuevamente victimizados. El acceso periodístico a ambos está restringido.
El ejemplo de Francisca y el acuerdo son “un hito para que los estados” del área “aseguren el consentimiento previo, libre e informado antes de cualquier proceso quirúrgico de esterilización”, explicó a este diario la colombiana Catalina Martínez, directora regional del centro.
Las personas con VIH deben recibir salud sexual reproductiva “en condiciones de igualdad”, alegó.
Con datos a 2020 del Programa Conjunto de la Organización de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), informó que “gran porcentaje” de las mujeres con VIH en América Latina y el Caribe es “coaccionada a la esterilización”. Tras quedar encinta en 2002, a la chilena se le diagnosticó VIH. Francisca buscó reducir el riesgo de contagio al feto y decidió parir vía cesárea.
“Durante ese proceso el personal médico le practicó una esterilización quirúrgica sin su consentimiento, y basado en estereotipos de género, al considerar que era irresponsable que una mujer con VIH tuviera más hijos”, relataron el centro y Vivo Positivo.
“El hospital público al que Francisca asistió no le proporcionó ningún dato omitiendo que las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos señalaban que ella debió haber recibido información adecuada, completa y accesible para dar su consentimiento previo, libre e informado”, agregaron.
Al insistir en que “a Francisca la discriminaron por vivir con VIH y sin preguntarle”, lamentaron que, anestesiada, “un equipo médico decidió coartar su autonomía y quitarle su capacidad reproductiva”.
Francisca quedó indefensa cuando se le impidió acceder a la justicia y a una reparación efectiva judicial en Chile, por lo que ambas organizaciones elevaron el conflicto a la CIDH, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), y se llegó al acuerdo con el Estado.
“No hay mujeres de segunda clase”, adujo la chilena Sara Araya, coordinadora de género de Vivo Positivo. “Los derechos humanos son también para las mujeres que viven con VIH. No queremos nunca más una esterilización forzada, nunca más una mujer con sus derechos vulnerados detrás de la puerta de un quirófano”, advirtió.
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