Al inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020 , durante la administración de Donald Trump , los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una orden de salud pública para detener la propagación del coronavirus. Se trataba del Título 42 .
Este Título 42 es un estatuto de salud pública que se promulgó en 1944 y faculta a los CDC para determinar si una enfermedad contagiosa que esté afectando a algún otro país, o países, representa un peligro de propagación en Estados Unidos. En caso afirmativo, y con la aprobación del presidente en turno, los CDC pueden prohibir de manera temporal el ingreso a Estados Unidos de aquellas personas que el país considere que representan una amenaza a la salud pública .
Con el argumento de que el Covid-19 representaba justo ese tipo de amenaza, el 20 de marzo de 2020 Trump invocó el Título 42 y anunció que los migrantes que llegaran a suelo estadounidense serían expulsados lo más rápidamente posible, sin concederles derecho de solicitud de asilo que garantiza la Ley de Refugiados de 1980.
México aceptó las expulsiones a su frontera terrestre de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Pero se negó a aceptar a menores de edad, o de otras nacionalidades. Los migrantes, en este caso, son enviados en avión a sus países de origen.
La orden se ha extendido varias veces, pero los CDC determinaron este año que la evolución del Covid-19 ya no justifica hacerlo más y el Título 42 debería llegar a su fin el 23 de mayo.
De acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza(CBP), desde marzo de 2020 han sido expulsadas a México o sus países de origen 1.7 millones de personas (60% de los que han llegado).
Si bien Trump no dudó en expulsar también a menores migrantes no acompañados, después se determinó que la medida no procedía. A su llegada al poder, Joe Biden anunció que estos menores podían permanecer en Estados Unidos.
Además, la negativa de México a aceptar menores de edad implicó que Estados Unidos tuvo que acoger en algunos casos a familias de migrantes , porque su vecino del sur no aceptaría las expulsiones.
En cuanto los CDC anunciaron que era momento de poner fin a este estatuto, los republicanos alzaron la voz, pero también los demócratas.
Los primeros alegaron que habría una oleada migratoria masiva en cuanto los ciudadanos de México y Centroamérica se enteraran de que no serían más expulsados de inmediato, sino que la situación volvería a ser como antes, cuando podían llegar a Estados Unidos, pedir asilo o protección humanitaria y se les daba la oportunidad de presentar sus casos ante un juez migratorio. Eso, si no entran al programa Quédate en México, por el cual deben esperar en suelo mexicano a que llegue el momento de sus audiencias.
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Por su parte, los demócratas dicen que están de acuerdo en que el Título 42 debe llegar a su fin, pero reclaman a la administración planes concretos para lidiar con el aumento de la migración .
Por lo pronto, un juez de Louisiana ordenó bloquear temporalmente que se ponga fin a la política e incluso la aplicación de cualquier plan con miras a finalizar el Título 42. Una audiencia está programada para el 13 de mayo.
Activistas defensores de los derechos de los migrantes están felices de que el Título 42 sea eliminado. Alegan que expulsar a esas personas a México es poner en riesgo sus vidas.
Human Rights Watch, por ejemplo, ha logrado documentar 9 mil 886 casos de abusos violentos perpetrados contra migrantes en las ciudades fronterizas de México desde enero de 2021. Los activistas se han quejado de que México no es un país seguro para los migrantes y, por tanto, no debían ser enviados a este país ni bajo el Título 42 ni bajo “Quédate en México”.
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