El juez federal F. Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno de México de 10 mil millones de dólares contra los fabricantes de armas de Estados Unidos por la protección con la que cuentan bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas.
Saylor, de la Corte de Distrito de Massachusetts, detalló que "la demanda involucra reclamos contra siete fabricantes de armas y un mayorista, alegando el tráfico ilegal de armas a México . El demandante es el gobierno de México".
Reconoció que "México sufre una epidemia de la violencia relacionada con las armas", y agregó que "la denuncia aquí se enfoca en una causa indirecta adicional de esa violencia: las prácticas de marketing y ventas de los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses.
“Según la denuncia, el aumento de la violencia relacionada con armas de fuego en México está directamente vinculado a cuando expiró la prohibición estadounidense de los rifles de asalto en 2004".
Indicó que cuando eso ocurrió, “la producción y fabricación de armas de fuego en Estados Unidos aumentó dramáticamente. En particular, los fabricantes de armas aumentaron la producción de armas de asalto de estilo militar, que son las preferidas por las organizaciones criminales . La denuncia alega que los fabricantes son conscientes de esto y son ‘participantes deliberados y dispuestos, que obtienen beneficios del mercado criminal que a sabiendas abastecen’”.
El juez mencionó que "desafortunadamente para el gobierno de México, todos sus reclamos están prohibidos por leyes federales o fracasan por otras razones".
Agregó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas “PLCAA prohíbe de manera inequívoca las demandas para responsabilizar a las armerías por los actos de individuos, que utilizan armas de fuego para el fin previsto”.
También argumentó que “este Tribunal no tiene autoridad para ignorar un acto del Congreso. Tampoco es su función propia idear estratagemas para evitar las órdenes legales, aun cuando las alegaciones de la demanda puede provocar una respuesta simpática. Y aunque la Corte tiene considerable simpatía por el pueblo de México, y ninguno para los que trafican armas a la delincuencia mexicana, tiene el deber de cumplir la ley ”.
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El fallo recordó que “la denuncia alega que de 70% a 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, y los acusados produjeron más de 68% de esas armas. Alegó además que los acusados están “totalmente informados del tráfico masivo de sus armas a México” porque ha sido ampliamente documentado en informes gubernamentales y
a lo largo de los medios de comunicación (…) No obstante, según la denuncia, los acusados han sido reacios a implementar cualquier monitoreo de seguridad pública de sus sistemas de distribución para limitar ese tráfico ilegal ”.
Detalló que "la denuncia" es "contra ocho acusados. Siete son fabricantes de armas— Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett. El octavo acusado es Interstate Arms, un mayorista y distribuidor de armas. Todos los reclamos surgen bajo la ley estatal, e incluyen, entre otras demandas por negligencia, alteración del orden público, diseño defectuoso, enriquecimiento y violación de los estatutos de protección al consumidor de los estados de Connecticut y Massachusetts".
La demanda, inédita en la historia de estos países vecinos, fue presentada por México el 4 de agosto de 2021 y ha sido apoyada como amicus curiae (amigos de la corte) por 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda, y otros catorce estados federales.
La cancillería estima que anualmente entran ilegalmente a México desde Estados Unidos más de medio millón de armas .
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