En una de las fotos se veía un Toyota blanco destartalado. En la otra, lo que había dentro del ataúd azul que llevaba en el techo: un hombre tumbado, vivo y con las manos a la espalda, seguramente esposado.
En el hilo de Twitter del 10 de enero en el que anunciaba su captura, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró que era un miembro activo de la Mara Salvatrucha acusado de homicidio.
Y que lo habían interceptado, escondido en el Toyota, dirigiéndose a la frontera con Guatemala con la intención de salir del país.
Las autoridades salvadoreñas han hablado en repetidas ocasiones de la fuga de presuntos pandilleros ante los arrestos masivos del régimen de excepción que, con 11 prórrogas, lleva ya un año en vigor y ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, mientras es aplaudido por gran parte de la población salvadoreña, que ve los efectos positivos y la reducción de la criminalidad en un país que llegó a registrar la tasa de homicidios más alta del mundo.
El gobierno de El Salvador le ha confirmado a la BBC que está colaborando con los países vecinos, con México y Estados Unidos, compartiendo información, para que sean devueltos a El Salvador.
Esa guerra contra las pandillas ha llevado a las vecinas Honduras y Guatemala, así como al sur de México, a reforzar la seguridad fronteriza y a multiplicar los operativos, que ya reportan detenciones y deportaciones.
Aunque no faltan las críticas de que en vista de las reducidas cifras, son acciones exageradas, y varias voces denuncian que entre los huidos también hay expandilleros que ya cumplieron sus penas y no deben nada a la Justicia y ciudadanos que temen detenciones arbitrarias.
"Desde que El Salvador tomó esas medidas restringiendo algunas garantías para sus ciudadanos, Guatemala estableció un plan con el propósito de evitar ese éxodo", le confirma a BBC Mundo el ministro de Gobernación guatemalteco, David Napoleón Barrientos Girón.
"Obviamente ha habido desplazamientos. La porosidad en las fronteras de este país y de todos los países es una realidad", reconoce. "Pero hay presencia policial, tenemos patrullajes aéreos y terrestres en las principales rutas y creemos que eso ha permitido que el país no se convierta en refugio de los pandilleros salvadoreños".
El esfuerzo interinstitucional, en el que participan distintas unidades de policía, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Migración, y la comunicación "constante y fluida" con las autoridades de El Salvador llevó a la detención y deportación de 115 "pandilleros salvadoreños debidamente identificados como tales" en 2022 y de 12 en lo que va de año.
Para tratar de confirmar el aumento de ese flujo, BBC Mundo trató sin éxito de obtener cifras de arrestos en territorio guatemalteco previas a marzo de 2022, cuando a pedido del presidente Nayib Bukele la Asamblea salvadoreña declaró el estado de excepción.
Los arrestos han tenido lugar en comunidades aledañas a El Salvador pero también en el norte del país, en el Petén, en zonas cercanas a la frontera mexicana. "Sin duda están huyendo de las medidas de El Salvador. Están buscando ir a México y muy posiblemente a Estados Unidos. Esa es una realidad que no podemos negar", dice Barrientos Girón.
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Con el objetivo de estrechar la cooperación y articular más acciones conjuntas en materia de seguridad, varias autoridades de la región se reunieron en febrero en la capital guatemalteca.
Además del país huésped, asistieron representantes de México, El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras, país este último que también ha reforzado la frontera de algo menos de 400 km que comparte con El Salvador.
Ya en mayo de 2022 las autoridades hondureñas lanzaron patrullajes para "no permitir el ingreso de integrantes de estructuras criminales que buscan huir del vecino país" y en diciembre 600 elementos de la Policía Militar del Orden Público fueron enviados al área limítrofe.
"Ha habido un aumento notable de ingresos de pandilleros a territorio hondureño desde que se decretara el estado de excepción en El Salvador", le asegura a BBC Mundo el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaria de Seguridad.
"Están migrando de forma irregular, a través de pasos ciegos, y no por los puntos fronterizos regulares o aduanales", prosigue.
Los centroamericanos no necesitan visa o permiso migratorio para cruzar de un país a otro en la región. Pueden ingresar solo con una tarjeta de identificación. Pero quien no quiere ser detectado usa un punto ciego, aclara.
"En su mayoría son de la Mara Salvatrucha (MS-13). Algunos migran con perfil bajo y han tratado de integrarse en la sociedad hondureña sin participar en actividades criminales, pero otros han continuado con la vida delictiva aquí o encontrado refugio en la MS-13 hondureña".
En el momento de la publicación de este reportaje BBC Mundo sigue a la espera de obtener cifras de detenciones.
Pero los dispositivos fronterizos no son el único "efecto Bukele" —como le llaman expertos consultados por BBC Mundo— en Honduras.
En diciembre, el país instauró su propio régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio, y que abarca más de la mitad de su territorio, con el objetivo de reducir la criminalidad.
Aplicar una medida similar en su territorio es algo que descarta Costa Rica, que está enfrentando sus propios problemas de inseguridad.
Así lo zanjó el presidente Rodrigo Chaves el 25 de enero, después de que unas declaraciones del ministro de Seguridad Jorge Torres se sacaran de contexto y llevaran a titulares erróneos.
"¿Queremos seguridad al estilo Bukele? En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción", respondió en una conferencia de prensa.
"Además, no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. (...) Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Y yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo".
Los problemas a los que hacía referencia es que entre el 1 de enero y el 15 de febrero Costa Rica contabilizó 103 homicidios, la cifra más alta en 200 años como país independiente, y eso después de cerrar 2022 como el año más violento.
Pero las autoridades descartan que en ello tengan algo que ver presuntos pandilleros llegados de El Salvador.
"En absoluto, para nada. Es una situación producto de unas disputas de territorio entre grupos criminales", le dice tajante a BBC Mundo Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
"Es totalmente criminalidad local con algunas personas involucradas del sur del continente: Colombia, tal vez de Venezuela, pero mareros o pandilleros de El Salvador, no".
Asegura que no han aumentado las detenciones de presuntos miembros de esas organizaciones — el promedio anual es de 25-30— y que el equipo de inteligencia encargado de darles seguimiento en el territorio no ha reportado ningún repunte de llegadas.
En 2022 deportaron a 18 extranjeros presuntamente vinculados a pandillas, 13 de ellos salvadoreños, y cuatro en lo que va de año.
Y explica que el no ser un país colindante con El Salvador ayuda a ello: "Nicaragua hace una buena contención".
BBC Mundo intentó sin éxito obtener cifras oficiales relativas al tema de las autoridades nicaragüenses.
La misma explicación que Zúñiga dio el anterior ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, a Noticias Repetel en febrero del año pasado.
A lo que añadió que para los presuntos mareros es "más atractivo viajar hacia el norte".
"Es más provechoso ir a un lugar donde los grupos ya están constituidos que a uno en el que no lo están. Y en este momento, no le puedo decir en el futuro, no hay un asentamiento de la MS o del Barrio 18 en Costa Rica ni en Panamá que permita que estas personas tengan un lugar donde llegar y cómo asociarse, como ocurre en los otros países".
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Más al norte está México.
Allí, en Chiapas, el estado sureño que colinda con Guatemala, las autoridades locales formaron una fuerza especial antipandillas y apostaron policías en las estaciones de transporte público. Y el ejército mexicano desplegó en diciembre 350 soldados adicionales en las comunidades limítrofes con Guatemala.
Y es que, en el último año, conductores y propietarios de empresas de transporte público del estado fronterizo han denunciado un aumento de intentos de extorsión por parte de "delincuentes centroamericanos".
Según reportes de medios locales, al menos tres conductores fueron asesinados por negarse a pagar y otros han recibido golpizas o les han quemado los vehículos.
Uno de los líderes de los transportistas en la zona, quien prefirió mantenerse anónimo por seguridad, se lo confirmó a BBC Mundo, que también tuvo acceso a audios de llamadas amenazantes.
Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva, por lo que los expertos dudan de que se pueda decir tajantemente que los extorsionistas son recién llegados.
De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha está en el país desde inicios de este siglo y, de una manera más formal, desde que hace casi una década, cuando la banda creó el Programa México.
En octubre, la Fiscalía General de Chiapas anunció que abrió 122 investigaciones contra presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18. Y entre enero y septiembre de 2022 fueron detenidos 148 presuntos pandilleros, de ellos 50 de El Salvador, según datos obtenidos por la agencia AP.
En cifras más recientes, proporcionadas por la Fiscalía a BBC Mundo, entre el 1 de enero y el 9 de febrero de este año se llevaron a cabo 36 operativos y se detuvo a 13 personas, nueve de ellas salvadoreñas, y abrieron siete carpetas de investigación por delitos como portación de armas, narcomenudeo y "pandillerismo".
El fiscal estatal para asuntos migratorios de Chiapas, José Mateo Martínez, le dijo en enero a AP que la guerra de El Salvador contra las pandillas explicaba el aumento de la actividad de estos grupos en México.
Y aseguró: "Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá".
Aunque Joaquín Darío Barahona Núñez, segundo comandante del Grupo Antipandillas en Tapachula, encargado de dichos operativos y quien lleva ocho años trabajando en la zona, confirma el aumento de llegadas, niega que se estén estableciendo en la zona.
"Hemos hecho detenciones y se deporta a los que tienen orden de captura, pero la mayoría está de paso", le dice a BBC Mundo.
"Realizamos patrullajes preventivos, para que también esos pandilleros no quieran establecerse en un solo lugar. Cuando ven que hay vigilancia, salen del sitio y van a otro lado. Siguen su camino hacia delante, hacia Estados Unidos".
BBC Mundo solicitó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. información sobre presuntos pandilleros detenidos tratando de ingresar en el país desde su frontera con México, pero de momento no obtuvo respuesta.
Mientras, investigadores independientes como el mexicano Carlos García, especializado en estas organizaciones criminales, suscriben la tesis de que su objetivo es llegar a territorio estadounidense.
"Los pandilleros que huyen ya no quieren dedicarse a acciones delictivas por el miedo de que los deporten a su país y acaben en las peores condiciones", asegura, y rechaza cualquier posibilidad de que México pudiera convertirse en el nuevo principal centro de operación de las maras.
"Además, habría que ver qué es lo que se considera pandilleros, porque hay activos llegando, pero también muchos que ya se han desactivado, que tienen mucho tiempo que dejaron la pandilla, entre ellos muchos cristianos, que han salido huyendo por traer tatuajes muy vistosos o llamativos", matiza.
Es el caso de Walter, quien dice que dejó la MS-13 tras trece años de pertenecer a ella y haber pasado por varias cárceles, "por muchas cosas que la pandilla fue implementando conforme fue evolucionando", dice sin dar más detalles.
"Renuncié aun sabiendo que iban a buscarme para quitarme la vida, porque usted sabe que salirse no es así como decirlo y ya,", dice a BBC Mundo desde el otro lado del teléfono.
Asegura que no tiene cuentas pendientes con la Justicia de El Salvador. "Estoy 100% limpio. Cometí errores pero pagué por ellos".
"Pero sabía que si me quedaba, iba a ser víctima de ese régimen que me iba a alejar de mi familia. Así que me dije: 'Prefiero estar lejos pero que sepan que estoy bien, que me puedan ver aunque sea por una llamada'. Porque allí, ¿quién iba a saber de mí? Me voy a morir y no lo van a saber".
Sus allegados reunieron el dinero para que pudiera salir del país y llegar hasta México, donde hoy se encuentra.
Aunque su plan —"como el de varios que conocí en la calle y en la cárcel y que ahora andan por aquí", dice— es seguir a EE.UU. y esperar allí unos años, hasta que el gobierno o la situación en El Salvador cambie.
"Mi mayor temor es que, por intentar cruzar y llegar al sueño americano, me agarre Migración y me retorne. Imagínese llegar a El Salvador… No crea que me van a llevar con mi familia, voy a ir directo al Cecot".
Se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva megacárcel de El Salvador con cabida para 40.000 presos, según el gobierno.
Miguel también cree que ese es el destino que le espera si comete "un error" y lo terminan deportando de EE.UU.
Se sumó a las filas de la MS con trece años y pasó por numerosos centros penales. Pero tras cumplir una condena de 16 años "y al ver que mis principios y mis ideales estaban siendo pisoteados por las mismas personas en las que yo creía", decidió desactivarse.
Con el 98% de su cuerpo tatuado, salió "de emergencia" a Nicaragua y cuando reunió el dinero para pagar a un coyote se dirigió a EE.UU., bordeando El Salvador porque ya estaba en vigor el régimen.
"Si tú me preguntas si está bien lo que están haciendo allá en contra de la delincuencia y estos grupos, sin pensarlo te voy a decir que sí", reconoce.
"Pero si me preguntas por el trasfondo de este asunto, todo esto viene de la suciedad, de tratos mugrosos", apunta, refiriéndose a las supuestas negociaciones entre la MS-13 y dos funcionarios de alto rango del actual gobierno salvadoreño para que redujeran sus homicidios entre 2019 y 2021, algo que el gobierno siempre ha negado.
"Si (los pandilleros) participaron en algún delito, pues ni modo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se lleven a sus mamás, a sus hijos, a ancianos, a personas que no tienen nada que ver".
Las denuncias de detenciones arbitrarias son diarias en El Salvador.
Familiares de arrestados han llevado a cabo protestas con pancartas con mensajes como "cambio mi libertad por la de mi hijo con problemas mentales" y organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y entidades locales manifiestan que no hay manera de garantizar una defensa efectiva incluso de demostrar inocencia durante el régimen de excepción.
"Aquel que no es, no se preocupe, esa persona va a salir (de la cárcel)", ha respondido a ello el viceministro de Seguridad, Osiris Luna.
"El que nada debe nada teme", escribió en esa línea el diputado oficialista Walter Alemán en Twitter en abril.
Entrevistado por la BBC, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó que existan detenciones arbitrarias basadas en llamadas anónimas o simples tatuajes.
"Podría ser que cuando llevas a cabo una operación de este tamaño, probablemente podría haber algún error y algunas personas podrían haber sido arrestadas sin tener vínculos con las pandillas. Pero miles de personas han sido ya liberadas" tras comprobarse que no era así, dijo.
Quienes huyeron prefieren no arriesgarse.
"Yo a El Salvador no vuelvo ni en caja. Ni en caja", dice Miguel.
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