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El Tribunal Constitucional de España, la máxima autoridad judicial del país, determinó ayer que, si Carles Puigdemont quiere ser presidente de Cataluña, no tiene más remedio que abandonar su refugio en Bélgica y regresar a Cataluña.
Con esta decisión se pone fin a la incertidumbre abierta tras las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, cuando los independentistas obtuvieron mayoría. Desde ese día se discute sobre si Puigdemont, que fue destituido de su puesto por declarar la independencia de la región española, podría volver a ser presidente desde Bélgica, adonde huyó para escapar de los jueces españoles.
Puigdemont quería asumir el puesto sin pasar físicamente por el parlamento de Barcelona, porque regresar a España supondría su detención. Su intención era pronunciar el discurso necesario para asumir el cargo mediante internet o con la mediación de un representante.
Tras semanas de debate, el gobierno español planteó el viernes un recurso al Tribunal Constitucional para que éste determinase si la designación a distancia del político catalán es legal y, de no ser así, impidiese que se celebrara cualquier pleno de investidura sin la presencia de Puigdemont.
Tras una reunión de seis horas, los 11 magistrados del Constitucional decidieron que era “imprescindible” que Puigdemont acudiera a su sesión de investidura y dejaron en el aire la posibilidad de suspender una sesión que implique una investidura a distancia.
El Parlamento catalán tenía pensado convocar el pleno de designación de Puigdemont el 30 de enero. La decisión del Constitucional delimita que ésta no sería legal si el político no regresa primero a España, se persona ante el juez que gestiona las acusaciones contra él (por rebelión, sedición y malversación al declarar la independencia de Cataluña) y este juez le da permiso. “Está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”, destaca la decisión judicial.
Los magistrados acordaron notificar al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y a sus colaboradores las consecuencias que tendría desobedecer esta resolución y permitir que Puigdemont participe a distancia en ese pleno. Si lo hace, procedería su impugnación. Además, ni Puigdemont ni los cuatro diputados que se fugaron con él a Bruselas podrán delegar su voto en otros parlamentarios.
