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Las conversaciones entre los partidos independentistas catalanes para que Carles Puigdemont vuelva a ser presidente de Cataluña dieron ayer un paso importante. Ante la certeza de que será arrestado si regresa a España, gana peso la opción de una investidura a distancia.
La radio pública catalana RAC 1 anunció ayer que Puigdemont había recibido en su exilio de Bélgica a Marta Rovira, una de las dirigentes del segundo gran partido nacionalista catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Puigdemont y Rovira habrían sellado un pacto para elegir a la mesa del parlamento catalán, que se constituye el 17 de enero.
Ese día deben recoger su acta los diputados que obtuvieron su curul en las elecciones del pasado 21 de diciembre, convocadas por el presidente español, Mariano Rajoy, tras disolver el parlamento catalán por violar la ley y declarar la independencia.
La formación de la mesa siempre es un paso imprescindible para nombrar el presidente, pero en esta ocasión tendrá un peso especial, porque sus componentes, al designar como candidato a Puigdemont sin que esté físicamente presente, se expondrían a maniobras que bordean la ilegalidad. Por ello, antes de tomar esa decisión, los abogados del parlamento les han pedido que les dejen estudiar que el método de designación a distancia no viole el reglamento.
Puigdemont quiere evitar su detención en España por haber declarado la independencia catalana el pasado 27 de octubre. El líder catalán considera que tiene dos opciones para asumir la presidencia desde su refugio de Bruselas: que una persona lea en su nombre el discurso de investidura o leerlo él por vía telemática, mediante una aplicación como Skype o Facebook Live.
El reglamento parlamentario no prevé ninguna de estas posibilidades, pero tampoco las niega expresamente. Ése es el argumento de los independentistas, pero los partidos no nacionalistas se han unido contra él. Inés Arrimadas, líder del partido anti independentista Ciudadanos, declaró: “Nos negamos a aceptar la ocurrencia de la investidura por plasma”.
Lo atípico del sistema dejaría la puerta abierta a todo tipo de incertidumbres. Una selección de juristas consultados por El Periódico de Catalunya concluía ayer que “la investidura telemática sería meterse de lleno en el ámbito de la ilegalidad”.
El rey Felipe VI podría decidir no ratificar la designación, un trámite necesario en el nombramiento de cualquier presidente autonómico. El gobierno central también la vetaría si no la publica en el Boletín Oficial del Estado. Y la oposición podría recurrirla en los tribunales. Eso implicaría que se suspendiese cautelarmente el nombramiento, sumiendo Cataluña en el caos institucional.
