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Carles Puigdemont viajó ayer a Dinamarca, pero el juez que se ocupa de su caso en España renunció a emitir una orden de arresto internacional, al considerar que sería favorecer al líder independentista en su objetivo de ser investido presidente de Cataluña.
Por primera vez desde que se refugió en Bruselas huyendo de la justicia española el 30 de octubre, Puigdemont abandonó la capital de la Unión Europea. El político encontró en Bélgica una legislación que no incluye el delito de rebelión, uno de los tres (junto con sedición y malversación) por los que el Tribunal Supremo de España lo acusa por proclamar la independencia de Cataluña.
Esa incompatibilidad jurídica entre Bélgica y España, que distorsionaría el proceso judicial, hizo que el juez que lleva su causa, Pablo Llarena, decidiera el 5 de diciembre retirar la orden de arresto europea sobre Puigdemont, por lo que éste sólo podría ser detenido si regresa a España. Sin embargo, el ex presidente desafió ayer al juez trasladándose a Dinamarca, país de la Unión Europea en el que la ley sí permitiría detenerlo.
Al confirmarse ayer su viaje para participar en un debate sobre nacionalismo en la Universidad de Copenhague, la Fiscalía española pidió al juez Llarena que volviera a emitir la orden; él encontró “razonable” la petición del fiscal, pero la denegó por considerar que Puigdemont intenta utilizar la ley en su beneficio.
El juez se refiere a la discusión jurídica sobre si Puigdemont puede ser elegido presidente de Cataluña desde Bélgica, mediante un discurso ante el Parlamento por internet o delegando en una tercera persona. Los letrados de la cámara catalana consideran que eso no sería legal si Puigdemont se ausenta por deseo propio (para evitar que lo detengan al regresar a España). Sin embargo, si fuera encarcelado, su ausencia ya no sería voluntaria, sino impuesta, y sí podría ser investido.
“Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”, explicó el juez en su auto.
“De este modo, se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal”, añadió.
El presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, confirmó que los independentistas no renuncian a la designación de Puigdemont. En un discurso anunció que él será el candidato que el Parlamento proponga como mandatario. Solicitó una reunión al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para “desbloquear la situación anómala” en que está el proceso de investidura, con tres diputados de la cámara en prisión y cinco huidos a Bélgica.
Torrent no aclaró si permitirá una investidura a distancia. Eso abriría la puerta a que el gobierno impugne la decisión ante los tribunales. Si los jueces rechazan esa nominación, Puigdemont quedaría definitivamente fuera de la carrera presidencial y los tres partidos independentistas deberían acordar un nuevo candidato.
En su conferencia en Dinamarca, Puigdemont fue duro con España y la UE, de la que dijo que “ha fracasado en el respeto a los derechos humanos en Cataluña”. Académicos daneses que participaron en el debate censuraron la actitud del líder catalán y le acusaron de querer “dividir Europa en 200 estados étnicamente puros”.
