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El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, aparentemente pretende continuar su lucha desde Bélgica, acompañado de miembros de su gabinete. Mientras que en España se presentaron las primeras querellas contra los responsables de declarar la independencia en Cataluña.
El gobernante catalán destituido llegó ayer a la capital de Europa en compañía de los consejeros de gobierno, Meritxell Borràs; Salud, Toni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa y Agricultura, Meritxell Serret.
Puigdemont, quien el viernes fue depuesto como presidente de Cataluña por el gobierno central tras proclamar la independencia de la región, viajó hasta la ciudad francesa de Marsella en coche y luego tomó un avión a Bruselas.
En Bélgica, Puigdemont fue recibido por el abogado Paul Bekaert, al parecer con la intención de solicitar el estatuto de refugiado político.
“Fui consultado por Puigdemont y me ha pedido que defienda sus intereses en Bélgica en el futuro”, declaró el abogado a la cadena VRT, quien tiene más de tres décadas de experiencia en asilo político.
No sorprende la llegada a Bélgica de Puigdemont y su círculo más cercano de independentistas. El país europeo era una de las últimas cartas que le quedaban. Las naciones que se adhieren a la Unión Europea son parte de un protocolo en el que se declaran como “seguros” y excluye la aplicación del principio de extradición entre ellos.
Sin embargo, Bélgica es el único que cuenta con una cláusula en la que se reserva el derecho a evaluar de manera individual las solicitudes de ciudadanos comunitarios, de acuerdo con el profesor Jan Wouters de la Universidad Católica de Lovaina.
Además, Puigdemont cuenta en Bélgica con la simpatía del Partido Nueva Alianza Flamenca, de Bart De Wever, una fuerza política análoga al movimiento catalán al llevar en su ADN el separatismo.
El viaje del líder catalán se produce después de que Theo Francken, secretario de Asilo y Migración belga, generara una polémica en su país al afirmar que podría estudiarse la concesión del asilo a Puigdemont.
El primer ministro belga, Charles Michel, lo desautorizó de inmediato. El comisario belga para refugiados, Dirk Van den Bulcke, aclaró que, para conceder el asilo a un ciudadano de la UE como Puigdemont, deben existir “señales serias de persecución”.
Los analistas aseguraban ayer que la intención de Puigdemont es doble. Por un lado, Bélgica es un país muy garantista, y se cree que Puigdemont quiere dificultar su detención. Por otro lado, sería un último intento de darle visibilidad al conflicto catalán después de que Europa en bloque apoyara al gobierno de Mariano Rajoy.
La noticia causó estupefacción en Barcelona entre los secesionistas más convencidos, quienes esperaban instrucciones del gobierno catalán ante una jornada complicada.
Unas horas antes de que el diario catalán El Periódico revelara la huida de Puigdemont, el fiscal general de España anunció querellas contra los responsables de declarar la independencia en Cataluña. Entre ellos se encuentran Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, los 12 consejeros de su gobierno y seis miembros de la mesa del Parlamento catalán que permitieron votar la moción de independencia.
Si los tribunales aceptan las querellas anunciada ayer por el fiscal, José Manuel Maza, los acusados podrán ser juzgados por rebelión, sedición y malversación. Esos delitos implican hasta 30 años de cárcel (rebelión de 15 a 30 años; secesión, de 10 a 15; y malversación, hasta ocho años), pero el fiscal anunció que los sospechosos no serán detenidos instantáneamente, sino que serían llamados a declarar en Madrid en próximas fechas.
Ayer era el primer día laborable de la República Independiente catalana. También el primero desde que el gobierno central respondió interviniendo la autonomía, cesando a los consejeros y disolviendo el Parlamento.
La mayoría de consejeros también optaron por no acudir a sus despachos, en una demostración de que acataban su cese. Los que lo hicieron simplemente recogieron sus objetos, escoltados por un mosso d'esquadra (policía catalán).
La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, también canceló la única reunión provista del órgano para esta semana, lo que supone reconocer que está disuelto y que la región se encamina a las elecciones convocadas para el 21 de diciembre por Rajoy.
Los altos funcionarios del Estado que se ocuparán de la gestión de Cataluña en estos meses de transición hacia los comicios, comenzaron a llegar ayer discretamente a Barcelona.
Ajenos a la República en el exilio que parece preparar Puigdemont, su partido (los independentistas del PDeCAT) anunciaron que concurrirán a las elecciones del 21 de diciembre. El otro gran partido independentista y favorito en las encuestas, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), también aseguró que presentará su candidatura.
La decisión de Rajoy de llamar a las elecciones en cuanto tomó el control del Gobierno de Cataluña está obligando a los partidos nacionalistas a tomar decisiones a grandes velocidades para no quedar fuera de los plazos electorales. Eso ha contribuído a aparcar el debate sobre la nueva república o la legitimidad del Estado central para ejercer el gobierno de Cataluña.
Incluso el partido anticapitalista de la CUP (tercera formación independentista de Cataluña) anunció que no descarta concurrir a los comicios, a pesar de que aseguró que no aceptaría unas elecciones impuestas desde Madrid.
