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San José. – En un debate de dos meses, los chilenos entraron ayer a una fase crucial sobre el futuro de una de las cinco principales economías de América Latina y el Caribe y comenzaron a evaluar los detalles de una nueva constitución política con el dilema de que el próximo 4 de septiembre decidirán si la aceptan o la rechazan y se quedan con la carta magna que les heredó la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1915—2006)
En ruta a cumplir el próximo 11 de junio sus primeros cuatro meses de una gestión de 48, el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, recibió ayer el documento de 178 páginas, 11 capítulos, 388 artículos y 54 normas transitorias que será sometido dentro de dos meses a una consulta popular en la que unos 15 millones de chilenos podrán rechazarlo o aprobarlo.
“Empezamos una nueva etapa: se trata de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional”, dijo Boric, al subrayar que el día de ayer quedó en “los anales de la patria”.
“Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos”, afirmó.
Boric se refirió al estallido social que empezó el 18 de octubre de 2019 en Chile contra un plan gubernamental de aumentar la tarifa del transporte del metro en la capital. El incremento fue retirado, pero la crisis derivó en un violento reclamo político y socioeconómico que se saldó con más de 30 muertos y obligó a la clase política a un cambio institucional.
“Que el estallido no sea en vano, que no se nos olviden nuestros muertos, nuestras muertas”, tuiteó ayer la educadora y diputada chilena Lorena Pizarro, del Partido Comunista de Chile (PCCh) y presidenta de la (no estatal) Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD). “Nos merecemos una Constitución justa, de la mayoría”, planteó.
Apenas en el inicio de su gobierno y con las encuestas evidenciando un acelerado declive de la popularidad del joven gobernante, Boric apostó su caudal político por el apruebo a la nueva constitución en el plebiscito de septiembre.
En un escenario con aproximadamente 30% de indecisos, la alternativa del rechazo (más del 40%) superaría a la del apruebo (cerca de 25%), lo que anticiparía una derrota para el mandatario, de 36 años, según diferentes estudios de opinión pública.
Fuentes del PCCh dijeron a EL UNIVERSAL que los partidos derechistas emprendieron una “anticampaña” contra el nuevo texto para “desprestigiarlo” y reconocieron que “algunos pocos” constituyentes fallaron en su desempeño y se ganaron el rechazo de la población.
Aunque en un principio con 155 integrantes, la constituyente quedó con 154 porque uno dimitió el descubrirse que mintió al aducir que sufría de cáncer.
En octubre de 2020, los chilenos dijeron sí en las urnas a redactar una nueva constitución y derribar los resabios de la dictadura, que gobernó con mano dura de 1973 a 1990. En mayo de 2021, los chilenos eligieron a los 155.
La actual carta magna fue aprobada en agosto de 1980 y ratificada en septiembre de ese año. El 11 de marzo de 1981 entró en vigencia transitoria y asumió validez total el 11 de marzo de 1990, con la salida del régimen militar que gobernó 17 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional de ese país, Salvador Allende (1908—1973).
“Voy a votar que no porque yo quiero modificar aquellas cosas que sean necesarias”, adujo la senadora chilena Jacqueline van Rysselberghe, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI). “Estoy absolutamente convencida de que este cuerpo legal, más allá de las críticas que se le puedan hacer, es un cuerpo legal que le ha permitido crecer al país en los últimos 30 años”, añadió, en defensa de la actual constitución.
Desigualdad
Chile se consolidó, con Brasil, México, Argentina y Colombia, como una de las más importantes economías de la zona. Pero el modelo económico chileno quedó en entredicho con en el estallido de 2019, que desnudó escenarios de profunda desigualdad social y acorraló a la clase política que gobernó a partir de que, en 1990, se produjo la transición de la dictadura a la naciente democracia.
En el plebiscito del 4 de septiembre, convocado oficialmente ayer por Boric, los chilenos adoptarán una decisión sin precedentes.
Una polémica medida se relaciona con el aborto. El nuevo texto contempla reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como derecho constitucional, lo que pondría a Chile en situación similar a Francia.
El documento plantea “asegurar condiciones” para la interrupción voluntaria del embarazo, así como para proteger el parto y la maternidad. Según la nueva carta magna, se acepta el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos.
El aborto es ilegal en Chile, aunque se permite por situaciones como el deterioro del feto, el riesgo a la salud de la mujer y si el embarazo es por violación.
Otro factor controversial es que se modificaría el Congreso, que dispone de Cámara de Diputados y de Senado. La Cámara permanecerá, pero el Senado desaparecería y sería reemplazado por una Cámara de las Regiones.
Un elemento clave será el tránsito de Chile de república democrática a democracia paritaria, en la que el sector femenino deberá ejercer al menos la mitad de los puestos estatales.
Un ingrediente novedoso es que se proclama el Estado ecológico, como reflejo de que la Constituyente, disuelta con la entrega de su propuesta a Boric, estuvo formada por individuos surgidos de influyentes grupos de defensa de la naturaleza. También se declara al agua como “inapropiable”, de uso sostenible y como un derecho humano prioritario.
La nueva constitución define a Chile como Estado “plurinacional e intercultural”, con lo que reconoce a las 11 etnias indígenas y les concede poder de consulta y consentimiento con respecto a las accione que podrían impactar sus derechos.
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